POLÉMICA.DENUNCIAN DÉFICIT DEMOCRÁTICO EN PANAMÁ.

Critican proyecto contra la criminalidad

Grupos de jóvenes se están organizando para pedir el rechazo del aumento de las penas a los adolescentes.

Hace seis meses se hicieron recomendaciones para eliminar las trabas del sistema. No se ejecutaron.

Tras rechazar el aumento de las penas a los adolescentes infractores como una medida necesaria, el informe de la comisión interinstitucional creada para analizar la situación de la justicia penal de los adolescentes y su relación con la criminalidad del país, detallaba las deficiencias y los problemas que enfrentan cada uno de los operadores del sistema, recomendando acciones concretas para cada caso.

La lista de acciones recomendadas era exhaustiva e incluía para su ejecución a la Policía Nacional, al Ministerio Público, a la Policía Técnica Judicial, al Órgano Judicial y al Ministerio de Desarrollo Social.

Ninguna de estas recomendaciones se implementaron y nada sucedió hasta el incendio de Curundú de marzo pasado.

Asunto de todos

"La batalla contra el crimen organizado es de todos, y entre todos la vamos a ganar". Así terminó el presidente Martín Torrijos el discurso del 29 de marzo, cuando anunció la "cruzada contra la criminalidad".

Esta visión es compartida por el representante de la Unicef en Panamá, Fernando Carrera, pero con un importante matiz: de todos es la responsabilidad de que exista una generalizada percepción de que el sistema penal de adolescentes ha provocado impunidad.

"Los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos no son factores que se hayan asimilado culturalmente. Este déficit democrático se observa, sobre todo, en el hecho de que los ciudadanos de Panamá reclaman muy poco sus derechos. Por otra parte, los medios de comunicación han contribuido activamente a generar una percepción autoritaria hacia los adolescentes y a debilitar la joven democracia panameña".

Carrera comenta su perplejidad ante el discurso que asegura que Panamá está a las puertas del primer mundo en lo económico, mientras que para lo social no está preparada para modelos del primer mundo, como es el régimen especial de menores infractores. "Espero que el país comprenda que no se puede ser exitoso económicamente, si al mismo tiempo se debilita la democracia y el Estado de derecho [...] avanzar a pasos de gigante en la economía y con pasos de tortuga en los derechos humanos solo profundizará aún más las inequidades y la exclusión social prevalecientes", concluyó.

Carrera no está solo en su crítica al proyecto que el próximo lunes podría pasar el primer debate en la Asamblea.

El grupo de vigilancia permanente de los derechos humanos de los niños y adolescentes emitió un comunicado el pasado 28 de marzo, en el que afirma que de aumentarse las penas a los menores, solo se producirá una "falsa percepción de protección y seguridad".

Además, grupos de jóvenes están organizándose para dar la batalla contra el proyecto. "Voces de Adolescentes" que aglutina chicos de El Chorrillo (como el Movimiento Nueva Generación), Curundú, San Miguelito o Tocumen, junto al Consejo Nacional de la Juventud o la Cruz Roja, organizan una marcha el próximo martes a la Asamblea. Su argumento es claro: casi el 90% de los delitos que ocurren en Panamá los comenten los adultos.