RETROCESOS.

Sociedad democrática y derechos humanos

Entre los viejos que se han muerto y los jóvenes que no pueden recordar, la sociedad panameña pareciera estar olvidando paulatinamente que solo hace algo más de 17 años se luchaba en dictadura por tener una democracia en donde imperara el respeto y la protección de los derechos humanos de todos.

En aquella época parecía una verdad de Perogrullo que los derechos humanos debían primar en esa nueva cultura democrática que debía instalarse en nuestro país y que las mismas requerirían, entre otros elementos, de un órgano Judicial independiente, de una Asamblea Nacional que garantizase la pluralidad y que fuese un contrapeso al órgano Ejecutivo, un sistema de partidos políticos que permitiese la comunicación directa y fluida entre los ciudadanos y sus líderes y en donde la libertad de prensa sería la piedra angular de esa nueva democracia.

Sin embargo, la realidad hoy nos dibuja un panorama distinto. La invasión de 1989 que derrocó a la dictadura militar solo ha permitido que los panameños podamos contar con una "rutina democrática" de elecciones formales cada cinco años, pero sin que la ciudadanía sienta que vive en una verdadera democracia en la que pueda confiar y que sea el sistema apropiado que le resuelva sus problemas de falta de oportunidades de empleo, educación y, sobre todo, de seguridad.

Esta realidad se hace palpable cuando la sociedad panameña se muestra indiferente, por no decir partidaria, a la serie de medidas violatorias a los derechos humanos adoptadas por las autoridades competentes en el llamado proyecto de ley de seguridad ciudadana.

Las autoridades parecen no entender que la efectiva protección de los derechos humanos es un factor esencial del estado de derecho y de la gobernabilidad democrática, y la comunidad no debe permitir, por tanto, que en nombre de la seguridad se restrinjan las libertades públicas.

Así pues, son lamentables ciertos aspectos de la serie de medidas acordadas por el Ejecutivo y remitidas a la Asamblea Nacional con miras a combatir la escalada de crímenes violentos ya que algunas de ellas estarían violando claras obligaciones internacionales contraídas por Panamá y en manifiesta violación a nuestra Constitución Nacional.

Cuando un fiscal requiere de más de 24 horas para fundamentar una detención o cuando se flexibilizan las normas relativas a los allanamientos, lo único que se promueve es la adulteración de pruebas a través de confesiones sacadas a la fuerza o permitiendo la posibilidad que se plante evidencia en la escena, violando con ello garantías procesales.

Es impensable que en nombre de la seguridad ciudadana se otorgue el valor de plena prueba a los reportes policiales olvidando que la comunidad percibe y la realidad lo confirma, que la Policía Nacional y la PTJ son dos de las instituciones con menos credibilidad y con los más altos niveles de corrupción.

Es inaceptable que las autoridades olviden sus obligaciones internacionales contraídas en la Convención de los Derechos del Niño y pretenda darle un tratamiento de adulto a los menores infractores; así como sería altamente recomendable que bajaran el tono de sus acusaciones en contra de los extranjeros a los cuales acusan del aumento de la criminalidad repitiendo con ellos pasadas experiencias que lo único que conllevan es una estigmatización contra esos grupos.

No es a través de la improvisación ni violando obligaciones internacionales que se reducirá la ola de crímenes violentos que azota el país. Cualquier medida que afecte nuestros derechos humanos y nuestras garantías constitucionales debe ser rechazada, ya que la democracia en la que vivimos, que tantas vidas y luchas costaron al pueblo panameño, no permite retrocesos a tiempos pasados donde imperaba la arbitrariedad y los abusos.