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Reportaje especial
Panamá, viernes 16 de diciembre de 2005
 

reforma.

Rechazan proyecto eléctrico

QUITO, Ecuador/REUTERS

El Congreso de Ecuador no aprobó un proyecto presidencial para eliminar el millonario déficit tarifario de las distribuidoras de energía eléctrica porque generaría un alto costo fiscal, pero demandó una nueva propuesta para restructurar todo el sector.

El presidente Alfredo Palacio remitió al Congreso un proyecto de ley para que el fisco asuma y cancele al menos 800 millones de dólares que las 20 distribuidoras arrastran por ser obligadas a vender el kilovatio/hora por debajo de sus costos reales, por razones políticas.

La iniciativa, que fue rechazada por 72 de los 76 legisladores presentes en la sesión, contemplaba que el Ministerio de Economía debía asumir el déficit tarifario que hayan registrado las distribuidoras —19 estatales y una privada, pero intervenida por el Estado— entre el 1 de abril de 1999 y el 31 de diciembre de 2005.

El Congreso se opuso al proyecto porque no contempla otros problemas del sector, como el sistema de fijación de tarifas y los problemas de gestión administrativa que generan cuantiosas pérdidas y mantienen a las distribuidoras al filo de la quiebra.

Los legisladores, sin embargo, están dispuestos a tramitar una reforma integral del sector eléctrico, por lo que Palacio debe remitir al Congreso un nuevo proyecto en los próximos 30 días, según una resolución legislativa.

Palacio —quien no tiene diputados propios— esperaba con su propuesta emprender un saneamiento de las cuentas de las distribuidoras.

La tarifa real del kilovatio/hora es de 10.7 centavos de dólar, pero se lo comercializa en 8.7 centavos a nivel de usuario final. Palacio -un independiente con siete meses de gestión- se comprometió a elevar la tarifa en abril, una vez que sea resuelto el déficit tarifario.

El poder legislativo ha rechazado al menos tres iniciativas para modernizar el sector eléctrico y otras empresas estatales en los últimos dos años, pese a que organismos internacionales han insistido en que el crecimiento del país podría estancarse si demora las reformas.

La ley de Palacio planteaba que el Ministerio de Economía debía definir los mecanismos de los pagos de la deuda tarifaria, entre los que se incluía la contratación de créditos con organismos internacionales o la entrega de bonos estatales.


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