Panamá, martes 3 de mayo de 2005
 
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TELECOMUNICACIONES.El Estado se ahorra varios millones de dólares.

Nuevos competidores le restan clientes a C&W

Los nuevos operadores telefónicos apuestan por el Gobierno, considerado el mayor cliente de todo el país.

El Estado gasta 26 millones de dólares al año en llamadas telefónicas de línea fija y celulares.

LA PRENSA/Archivo
A partir de septiembre de 2004, las empresas telefónicas entran a competir por las cuentas de las entidades estatales.
Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

Los nuevos operadores de telecomunicaciones han logrado sumar como clientes a varios ministerios e instituciones estatales, al ofrecerles tarifas más bajas en llamadas locales, larga distancia nacional e internacional.

ClaroCOM está ofreciéndole a todo cliente del Gobierno, entre ellas instituciones semi autónomas y autónomas, una tarifa de larga distancia nacional no mayor de seis centésimos el minuto, lo que representa un ahorro de 60% sobre lo que pagan a la fecha con Cable & Wireless, afirmó el director ejecutivo de la empresa, Pedro Cordovez.

Hasta el momento ClaroCOM ha logrado sumar como clientes a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Comercio e Industrias y al Servicio Marítimo Nacional, que forma parte del Ministerio de Gobierno y Justicia.

ClaroCOM tiene instalaciones propias de última tecnología a lo largo y ancho del país que le permiten hacer el transporte de llamadas de una manera eficiente, sustentó Cordovez.

Por ejemplo, el Ministerio de Gobierno y Justicia, que se sumo a ClaroCOM desde diciembre, ha registrado un ahorro de 35 mil dólares sobre sus costos con Cable & Wireless, aseguró Cordovez. "Lo importante es que el Gobierno puede ahorrar inmediatamente haciendo este cambio porque no tiene que instalar ningún equipo nuevo ni cambiar sus números de teléfono; utiliza la misma infraestructura que ya tiene, sobre la cual ClaroCOM le brinda sus servicios de larga distancia tanto nacional como internacional".

Solo a manera de ejemplo, en cuanto a llamadas internacionales el Gobierno paga 72 centésimos a Estados Unidos con Cable & Wireless (C&W), mientras que con ClaroCOM paga 15 centésimos el minuto, lo que representa un ahorro de casi 80%, argumentó Cordovez. "Imagínate cuánta plata se ha gastado en este último viaje del presidente a Washington en estas llamadas", comentó Cordovez.

Telecarrier, otro de los nuevos operadores, que comenzó a prestar servicios de llamadas de larga distancia nacional e internacional desde enero del 2003, también ha logrado captar algunas cuentas gubernamentales al proponer tarifas más bajas.

Las centrales del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de la Juventud, entre otras, también están aceptando los servicios de Telecarrier.

"Todavía creemos que hay un tremendo potencial de darle mejoras significativas al Gobierno", afirmó el gerente de Telecarrier, Ernesto Baca.

Según Baca, en larga distancia nacional el Gobierno logra un ahorro de 50%, en larga distancia internacional 60% y en llamadas locales hasta 15%.

El Gobierno ya presentó algunas propuestas concretas para disminuir las tarifas. En llamadas de línea fija a celulares solicitó la reducción del costo del minuto de 29 centésimos a 9 centésimos, lo que reduciría el gasto anual del Gobierno en varios millones de dólares.

C&W, propietaria de la red de telecomunicaciones, está evaluando las propuestas del Gobierno para encontrar un punto de equilibrio, según dijo Roberto Mendoza, vicepresidente corporativo de la empresa.

Estado es libre para hacer contratos telefónicos

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), entidad que regula el mercado de las telecomunicaciones, confirmó que "las distintas entidades del Estado pueden contratar libremente los servicios de telecomunicación básica local, nacional e internacional.

En respuesta a una consulta que presentó Galaxy Communications Corp, el ERSP respondió que las instituciones estatales pueden hacer contratos con cualquiera de los concesionarios que actualmente están autorizados para prestar los servicios de telecomunicaciones.

La consulta fue elevada al ERSP debido a que el gobierno de la ex presidenta Mireya Moscoso dictaminó que las entidades del Estado solo podían obtener los servicios de telecomunicaciones de Cable & Wireless.

Esta actitud iba en detrimento del Estado debido a que se estaban gastando millones de dólares adicionales en llamadas telefónicas que podían obtener de otros operadores a precios más bajos, señaló el gerente de Telecarrier, Ernesto Baca.


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