| GUERRA AL NARCO.EL 41% DE LOS INGRESOS DE LAS FARC Y EL 70% DE LOS PARAMILITARES PROVIENE DE LA DROGA.
Las batallas del Plan Colombia
Se han invertido 3,620 millones de dólares para luchar contra el narcotráfico sin resultados claros.
Juan Gonzalo Betancur
Periódico 15 /
ESPECIAL PARA LA PRENSA
| AP |
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| . Soldados colombianos arrancan matas de coca en el departamento de Nariño. |
Parte de las victorias que el Plan Colombia obtiene en las selvas y campos de Colombia contra el narcotráfico las está perdiendo en las calles de Estados Unidos, el país que lo financia. Mientras a punta del poderoso herbicida llamado glifosato se queman cultivos, y el Ejército y la Policía destruyen laboratorios, el valor de la cocaína en el país del norte ha variado poco. Eso significa que el negocio sigue siendo muy rentable, sin importar las guerras que se libren por estos lados del mundo.
El último informe de la Contraloría General de la República de Colombia que analiza el desarrollo de este programa contra el narcotráfico, luego extendido al "terrorismo" (como califica el gobierno a guerrilla y paramilitares), llega a esta conclusión: "al menos a corto plazo, la erradicación del cultivo carece de contundencia en el logro de su objetivo final: disminuir el consumo mundial de cocaína".
Tanto veneno lanzado desde las avionetas que fumigan tampoco está acabando con el problema, sino que está obligando a que cambie de sitio, a que se cultive coca en más regiones de Colombia, en lugares más difíciles de detectar.
Esto lo confirma el último reporte de la Oficina para el Control de las Drogas de Estados Unidos, presentado hace unos días en Washington, donde se afirma que en el país había sembradas a diciembre del año pasado 114,000 hectáreas de coca, la misma cifra que existía a finales de 2003, según información que recogió el diario El Tiempo. Lo paradójico es que 2004 fue el año de más fumigaciones en la historia: 132,000 hectáreas.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, asegura que las áreas cultivadas siguen disminuyendo y no le preocupan los informes de entidades tanto de su país como de Estados Unidos que monitorean la erradicación, pues ha afirmado que a veces tales reportes son incluso contradictorios entre sí.
Ineficiencia estatal
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| Álvaro Uribe (derecha) y el embajador de Estados Unidos en Colombia, William B. Wood. |
El informe de la Contraloría también indica cómo se ha financiado y llama la atención sobre varias cosas, como que las entidades del Estado colombiano que tienen que ver con el Plan se están solapando y no están siendo eficientes: "se aprecia una superposición de competencias que diluye responsabilidades, genera duplicidad de funciones y, aún, el enfrentamiento institucional, provocando fallas en el funcionamiento y en el resultado de la lucha antinarcóticos".
Así mismo, detectó fallas en el diseño y manejo de los recursos para los programas "de recuperación económica", en particular los destinados a la población en condición de desplazamiento, que no ha recibido la atención necesaria.
MENOS CULTIVOS
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| El Plan, en teoría contra el narcotráfico, se ha convertido en un arma de guerra contra subversivos y paramilitares. |
Lo más positivo lo encuentra en la persecución que hace la fuerza pública y en la fumigación de cultivos ilícitos, pero eso, como se dijo, no es tan bonito como parece.
La Contraloría confirma que en los cinco últimos años efectivamente se ha logrado reducir en 46% las áreas cultivadas con coca en Colombia, como tantas veces lo han dicho funcionarios del Estado. Lo que no han explicados ellos, y menos los de Estados Unidos, es que eso no ha afectado en forma drástica el narcotráfico.
Es decir, pese a las fumigaciones en 14 departamentos del país, a la incautación de toneladas de cocaína durante lo que lleva el Plan, a la destrucción de cientos de laboratorios y más de 1,400 "cocinas" (laboratorios artesanales para procesar la hoja de coca), a la captura de cientos de personas, el negocio de la droga sigue siendo muy bueno en los países consumidores. Y para muchos ahí está la causa de que siga el problema y de que la droga siga llenando de dinero a los actores ilegales del conflicto colombiano.
El Plan Nacional de Desarrollo hacia un Estado Comunitario, elaborado en 2003 por el gobierno de Álvaro Uribe, estimó que "entre 1991 y 1996, 470 millones de dólares, que representa el 41% de los ingresos de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], provino del negocio ilegal de las drogas" y que "los grupos de autodefensa obtienen cerca de 200 millones de dólares, un 70% de sus ingresos, de estas actividades".
Las fumigaciones en todo el país llevaron entonces a que se procesara menos droga: mientras en 1999 Colombia produjo, de acuerdo con cálculos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, unas 680 toneladas de cocaína, en el año 2003 bajó a 440 toneladas, y el año pasado se estimó en 430 toneladas.
Aunque la Contraloría no indica cómo afectó eso a la tesorería de los grupos armados, es cierto que pese a la disminución del dinero que reciben, las cantidades que continúan moviendo siguen siendo altísimas, suficientes para seguir echándole leña al fuego del conflicto por un buen rato.
Migración de problemas
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| Imagen del regreso de 85 desplazados colombianos desde la playa de Jaque, en Panamá. |
Uno de los fenómenos que ha generado esa persecución ha sido el traslado de cultivos ilícitos y que ahora las plantaciones sean más pequeñas para evitar ser detectadas por los satélites norteamericanos: de 13 departamentos donde se sembraba coca y amapola en 1999 se pasó a 23 en 2003.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen indica que entre 2001 y 2003 sólo 2,085 hectáreas de tierra en Colombia tuvieron cultivos permanentes de coca.
Numerosas personas y entidades estatales y no gubernamentales han alertado sobre los daños tan grandes que para los recursos naturales del país está ocasionando tal migración de cultivos ilícitos, pues generalmente las plantaciones se hacen en bosques o selvas donde se tumban árboles y, por ende, se altera el ciclo natural del área. Para sembrar una hectárea de coca, dicen las autoridades ambientales, se requiere talar tres hectáreas de selva virgen. Así mismo, hablan de los efectos que traerá el glifosato, que afecta no sólo las matas sino la tierra misma.
Los campesinos de algunas áreas fumigadas han denunciado que las aspersiones se han hecho de manera indiscriminada por lo que el veneno que lanzan los aviones cae sobre cultivos de subsistencia, animales domésticos e incluso personas.
"En nuestra región se han realizado tres fumigaciones coincidiendo inmediatamente con la siguiente situación -explica Miguel Cifuentes, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra-: los niños aparecen con problemas de conjuntivitis y dermatitis, al igual que las personas de la tercera edad; en las mujeres embarazadas se han presentado abortos por tomar agua de los acueductos veredales que han sido bañados con glifosato; también las gallinas mueren generalmente en toda la región fumigada, al igual que cerdos y vacas intoxicadas por tomar el agua de las quebradas contaminadas. Las comisiones de verificación que se han realizado dejan en evidencia que por cada hectárea de cultivo ilícito se afectan cuatro hectáreas de cultivos legales".
Impacto social
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| El herbicida con el que se ataca las plantaciones genera efectos nocivos en la población. |
Para algunos funcionarios que defienden las fumigaciones, tales denuncias no son ciertas y afirman que tras ellas lo que hay son intereses de narcotraficantes para que el programa de erradicación se detenga. Pero esas versiones, a los campesinos los irritan tanto como el glifosato mismo.
Los impactos sobre las comunidades también son altos ya que implican una movilización de personas para trabajar como "raspachines" (raspadores de hoja de coca) y el desplazamiento de campesinos tras la llegada de grupos armados a una zona (para imponer su ley o quedarse con la tierra), sumado a otras consecuencias sociales como el cambio en modelos de vida, la aceptación del dinero fácil, el despilfarro y en general el deterioro del clima social.
Del mismo modo, las economías locales o regionales se alteran por la llegada de dinero. Por ejemplo, el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio calcula que en el sur de Bolívar los ingresos brutos que deja el negocio de la coca son de 35 millones de dólares al año, cifra que dobla el presupuesto de las alcaldías de todos los municipios juntos de esta conflictiva zona.
Los efectos sociales son más. El campesino deja de cultivar productos tradicionales como yuca o plátano para sembrar matas de coca dado que le es más rentable. Eso está llevando incluso a que la seguridad alimentaria de algunas comunidades quede en riesgo.
Negocio sigue en EU
Guerra y problemas sociales en Colombia para alimentar el mercado del primer mundo. "En el caso de la cocaína, Estados Unidos continúa siendo el principal consumidor con 5.9 millones de personas en 2004", dice la Contraloría con base en documentos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca. Europa es el segundo consumidor, con 3.3 millones, y luego Latinoamérica, con 2.2 millones.
Lo que encontró la Contraloría al revisar informes oficiales es que pese a la disminución de la oferta de cocaína producto del Plan Colombia, los precios no han bajado cuando se vende en Norteamérica. En los últimos años, allí el valor ha fluctuado entre 22 y 34 dólares el gramo en su venta al por mayor. Pero de ahí no se mueve.
Eso se atribuye a que los narcotraficantes han reducido los niveles de pureza de la droga mezclándola con otros productos para que rinda más: están vendiendo cocaína de menor calidad, pero por el mismo precio.
Analistas, como el prestigioso periodista Antonio Caballero, afirman que el narcotráfico continúa precisamente porque es un buen negocio, y porque tiene una gran capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias de su "mercado". Y advierten que estar en la ilegalidad multiplica sus ganancias, lo cual alimenta conflictos como el colombiano, crea violencia y guerras intestinas entre narcos.
Pero la plata gruesa del narcotráfico ni siquiera llega a Colombia: el 89% del dinero que produce este negocio ilegal se genera y se queda en los países consumidores, según un estudio de Jorge Iván González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
Él señala que los costos asociados al cultivo de coca equivalen sólo el 0.5% del precio final de la cocaína que se vende en una calle norteamericana. El proceso de exportación de esa droga desde Colombia representa apenas un 1% adicional de dicho precio final. Al recibir la droga en Miami el porcentaje sube a 9.5%. Eso significa que todo el negocio que hacen los colombianos -sean ellos guerrilleros, paramilitares o narcos- vale tan sólo el 11% del precio final de la cocaína vendida al consumidor.
¿Quién mueve el resto del dinero, ese 89% del negocio? Los expertos explican que mafias asentadas en los centros de consumo en las cuales puede haber colombianos, pero sobre todo controladas por estadounidenses y europeos. Ese dinero no llega a los países productores, sino que se inserta en las economías legales de allá por actividades de menor escala, va a moverse a través de paraísos fiscales o se lavan a través de actividades comerciales, muchas de ellas camufladas como negocios que se muestran pulcros y pagan impuestos a sus estados.
Mientras tanto, en los campos de Colombia se sigue fumigando, con unos impactos sobre el medio ambiente que aún no se sabe cuáles serán. Como tampoco parece claro el golpe real sobre el negocio del narcotráfico.
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