Brunch dominical
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
En un pequeño país como el nuestro no son pocos los que creen que si poseen una modesta cuota de poder ya están por encima de los demás mortales. Este podría ser el caso de la ACP, la única entidad del Estado que se resistía a entregar al defensor del Pueblo la información correspondiente a su planilla para que fuera divulgada -como todas las demás- a través del nodo de transparencia. Ante el señalamiento del ombudsman en cuanto a la reticencia de la autoridad canalera, esta institución encontró -con un estilo burlesco digno de la Asamblea- la forma de proporcionar la información sin que la misma fuera útil para nadie. En un archivo entregaron la lista de los empleados y en otro, separado, los cargos y salarios. De esta forma, usted podría saber quién trabaja en la ACP -cosa que cualquier vecino le puede decir- y conocer también los emolumentos individuales pagados por la institución, pero no habrá forma de que usted sepa qué nombre corresponde a qué cantidad. La excusa de la ACP es que la publicación de su nómina compromete la seguridad de los trabajadores y sus familias. ¿Acaso la vida de los trabajadores canaleros vale más que la de los otros trabajadores del Estado?
La comisión que estudia las alternativas para corregir y -quizá eventualmente- depurar el Órgano Judicial debería prestar atención al problema de los prófugos en los casos de alto perfil. Esto no solamente tiene que ver con los imputados que huyen del alcance de la ley. Se relaciona directamente también con funcionarios de instrucción negligentes, juzgadores en situación de ignorancia -o descaro- inexcusable, corruptos custodios penitenciarios y, si hilamos fino, hasta el bolígrafo de uno que otro presidente ha tenido su cuota de culpa. Mientras esto siga, los Bolívar Pariente y Amael Acosta seguirán -en boca de sus abogados- poniendo "condiciones" a las autoridades para dar la cara y responder por sus actos, como si mantuvieran a su propia libertad en calidad de rehén. Aunque a diferencia de un secuestro, acá el plagiador negocia liberar al rehén, bajo la condición de que se lo devuelvan.
El juez Rolando Quesada Vallespi -el mismo que absolvió a Lorena Noriega de los cargos de peculado que se le formulaban por cobrar salarios sin trabajar y que, más recientemente, declaró nulo el expediente sobre las investigaciones contra la anterior administración de la Caja de Ahorros- dictó una sentencia en el caso que Marc Harris presentó contra Gilberto Boutin y otros abogados, por el delito de falsificación de documentos. Irónicamente, el denunciante se encuentra en Florida, cumpliendo pena de 17 años de prisión por delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y conspiración para cometer fraude. Ahora sí está enredada la cosa, porque si Boutin y compañía engañaban al denunciante, es muy cierto que Harris hizo lo propio con sus burlados clientes. Pero, a diferencia de con Boutin, las autoridades panameñas nunca hicieron nada por investigarlo. Más bien todo lo contrario.
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