Perspectiva
Algo huele mal en Argentina
La crisis de Periodistas sirvió para hablar en voz alta de un tema sobre el que solo se susurraba: la presión gubernamental sobre los medios de prensa Danilo Arbilla
BUENOS AIRES. –La Asociación Periodistas, creada por un grupo de prestigiosos periodistas argentinos para luchar por la libertad de expresión, no llegó a cumplir los 10 años. Se autodisolvió hace dos semanas. La razón: la censura de prensa en la Argentina. No hubo acuerdo entre sus miembros frente a un caso específico que se planteó en el diario izquierdista y hoy cercano al gobierno del presidente Néstor Kirchner, Página 12.
La crisis de Periodistas sirvió para hablar en voz alta de un tema sobre el que solo se susurraba: la presión gubernamental sobre los medios de prensa.
Periodistas, con su autodisolución quizá cumplió su última y mayor defensa de la libertad de expresión al traer a la superficie y la discusión pública este tema que todos conocían, pero del que muy pocos decían. Jorge Lanata, fundador del hoy cuestionado Página 12 y uno de los periodistas más polémicos pero más respetado por su capacidad, independencia y profesionalidad, no tiene dudas: en sus 30 años de periodista dice que nunca vio un nivel de sujeción de los medios al Gobierno como hoy.
Aunque poco se denuncia, la existencia de presión oficial, ejercida como tal o canalizada como premio a través de la publicidad oficial, prácticamente nadie la niega en ámbitos periodísticos o políticos. Pero no pasa de ahí, aunque empieza a reflejarse y hay quienes lo perciben: Reporteros sin Fronteras hizo caer a Argentina en el ranking de libertad de prensa del puesto 42 en el 2002 al 79 en este año.
También se nota por lo que no se refleja. Hay temas que prácticamente solo informa a la población la revista Noticias. Por ejemplo, todo lo relativo a la censura y la presión oficial, las irregularidades del gobierno, la fortuna personal del presidente –que es el más rico de los últimos 30 años–, las faltas cometidas en sus declaraciones juradas de bienes –mucho mayores que las de Menen–, la designación de amigos y familiares en altos cargos y en la justicia, la presión a jueces, la falta de transparencia en el manejo de sus finanzas y de las de la provincia de Santa Cruz que gobernó por casi 15 años. Estos temas muy poco se tocan y eso llama la atención porque asuntos similares y bastante menores motivaron ríos, mares y océanos de tinta cuando se ha tratado de otros gobernantes y funcionarios anteriores.
Algunas cosas comienzan a destaparse y la propia discusión de los periodistas contribuye a ello. Lanata, quien también fue fundador de Periodistas y uno de los primeros que renunció al grupo al plantearse el diferendo, al igual que lo hizo Tomás Eloy Martínez, y Carlos Gabetta, director de Le Monde Diplomatique, entre otros, asegura que el gobierno está comprando los medios con publicidad. En esto y en otros temas ha cruzado duras acusaciones con su viejo amigo y compañero Horacio Verbitsky, principal columnista de Página 12 y uno de los periodistas que en algunos aspectos justifica al gobierno de Kirchner, le ve "algunos dientes blancos".
El tema del manejo de la publicidad oficial sin un criterio técnico y en forma discriminatoria parece indiscutible. Por otra parte, los números cantan. Poder Ciudadano, una ONG de reconocida trayectoria, ha dado a conocer cifras invertidas por el gobierno en publicidad y hay comparaciones que no resisten análisis: por ejemplo, Página 12 ha recibido por publicidad siete veces más que el diario El Popular, pese a que vende cinco veces menos; respecto al diario La Nación recibió casi lo mismo por publicidad (95%), cuando vende 12 veces menos, y recibió casi el 60% de lo que recibió Clarín, cuando este vende por lo menos 30 veces más. Igual política se sigue con la publicidad oficial para la TV; los canales que más reciben no son los que tienen más rating, pero sí son los que más aplauden al gobierno. Por más que a veces se quiera negar o "vestir de seda", el uso de la publicidad oficial, así como el de créditos o cualquier recurso público, para castigar o privilegiar a los medios de comunicación según sus políticas y líneas editoriales e informativas, es uno de los más graves ataques a la libertad de expresión. Pero no es solo eso: esa publicidad se paga con dineros de los ciudadanos que el funcionario, en definitiva, usa en beneficio propio en función de intereses, particulares –políticos o materiales– o para favorecer a amigos, familiares o correligionarios. Son fondos que salen de las arcas públicas y al final no se sabe hacia dónde van ni por dónde vuelven. A eso se le llama corrupción.
El
autor es director del diario Búsqueda de Montevideo, Uruguay
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