Panamá, 8 de octubre de 2004
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Piden destituir a Enrique Bolaños

MANAGUA, Nicaragua (Reuters). —La Contraloría General de Nicaragua impuso el jueves una sanción administrativa y pidió al Congreso la destitución del presidente Enrique Bolaños por negarse a informar sobre los fondos que usó en su campaña electoral en el 2001. La resolución adoptada por los cinco magistrados del organismo fiscalizador estatal está basada en una ley que estipula sanciones administrativas y la destitución para funcionarios que se niegan a dar informes a la Contraloría.

“Existe mérito suficiente para determinar responsabilidad administrativa del presidente (...) por haberse negado a colaborar con la presente auditoría al no brindar información requerida”, dijo el presidente de la Contraloría, Juan Gutiérrez.

La auditoría de los fondos de la campaña proselitista fue solicitada por el Juzgado Primero de Distrito de lo Penal, que hace dos años recibió una denuncia contra el presidente por delito electoral que presentó la Fiscalía General.

Las denuncias por delito electoral contra Bolaños, que asumió el gobierno en enero del 2002, derivaron de un juicio por corrupción contra su antecesor, Arnoldo Alemán (1997-2002), condenado a 20 años de prisión en diciembre. Bolaños, un empresario de 76 años y quien sirvió como vicepresidente en cuatro de los cinco años de gestión de Alemán, promovió los cargos contra su antecesor, al que acusó de usar unos 100 millones de dólares para su provecho.

Las denuncias de Bolaños le acarrearon el rechazo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con el que ganó las elecciones del 2001 y cuyo máximo líder es Alemán. Gutiérrez dijo que los contralores no tenían facultades constitucionales para destituir al presidente Bolaños, por lo que enviaban el expediente a la Asamblea Nacional.

La Asamblea es la única facultada para despojar de la inmunidad o destituir al presidente, para lo cual requiere la petición de la Corte Suprema de Justicia y los votos de al menos 56 de los 91 diputados.

La Contraloría, que también impuso una sanción al presidente Bolaños de dos meses de su salario, remitió el informe al tribunal que tiene a su cargo la denuncia contra Bolaños, así como a la Fiscalía General y la Procuraduría General.

El ministro de Gobernación, Julio Vega, sostuvo que “es un asunto meramente político” contra el presidente.

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