Salvarán
a la CSS y no a los asegurados
Salvemos a los asegurados y no solo a la CSS; pensemos que la población necesita de la Caja, y no de un cajón para que se le entierre Jorge A. Castillo
La Caja de Seguro Social (CSS) tiene una crisis financiera que no es actuarial, es decir, que no se trata de que a futuro los gastos serán mayores que los ingresos. No es a futuro, es ahora. Ya hay varios programas que funcionan con déficit, es decir, que sus gastos son mayores que los ingresos.
Ante esta situación se ha manejado una serie de posibles soluciones que podrían mejorar o salvar la institución, tales como: aumentar la edad de jubilación, aumentar las cuotas obrero-patronales, disminuir los beneficiarios, privatizar algunos servicios. Ahora se habla incluso de crear dos o tres Cajas de Seguro Social que se encarguen de los diversos problemas por separado, y lo último, disminuir la cantidad de funcionarios, lo que conlleva la reducción de servicios.
Todas estas medidas nos plantean la interrogante: ¿qué es lo que queremos salvar? Si es la estabilidad financiera de la institución lo lograremos, pues basta reducir los gastos, es decir, la atención médica a los asegurados y aumentar los ingresos, o sea que los asegurados paguen más por menos y la institución no solo se estabilizará, sino que muy pronto podrá tener un superávit.
Si se trata de salvar la institución para los asegurados o en función de los asegurados, tendremos entonces que abordar la génesis del problema. Este problema surge cuando el Gobierno comienza a deteriorar los servicios públicos de salud en el marco de los Programas de Ajustes Estructurales impuestos por las IFI, bajo la irracionalidad de que si el Gobierno disminuía los gastos en salud, educación y vivienda, entre otros, podría generar ahorro para pagar la deuda.
Este deterioro en la calidad de la salud pública se sintió en mayor escala al aumentar la población beneficiada, porque la CSS asumió este servicio. El Programa de Salud Integral fue un claro ejemplo. La institución invertía en salud y el Gobierno disminuía su inversión, pero con el programa todos los panameños tenían derecho al servicio que en última instancia estaba financiando la CSS.
El Gobierno y la población asumieron que la CSS es la que tiene que darle esos servicios de salud a todo beneficiario; tal es así, que cuando el hijo de un asegurado se atiende en el Hospital del Niño, se le exige a la CSS que le pague al Hospital del Niño por ese servicio; como si los hijos de los asegurados de la CSS no fueran panameños y, por ende, no tuvieran derecho a la salud pública.
Si lo que queremos es salvar la institución en función de la población asegurada, debe replantearse la relación Gobierno-institución, en la que se considere que si la institución deja de dar ciertos servicios de salud, se estime que es en función de que el sistema de salud pública los asuma y no que simplemente le quede la disyuntiva a la población de asistir a los hospitales privados o morir.
La otra alternativa es que la CSS siga dando esos servicios y los mejore, pero que el Gobierno le pague a la CSS por asumir esas funciones inherentes al sistema público de salud.
Si no se centra la búsqueda de alternativas en estos elementos de salud pública-CSS, entonces podemos armar un paquete de medidas financieras que salvarán a la institución, pero a costa de un incremento en la tasa de mortalidad, incluida la mortalidad infantil. Salvemos a los asegurados y no solo a la CSS; pensemos que la población necesita de la Caja, y no de un cajón para que se le entierre.
El autor es economista y profesor universitario
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