Justicia
con lentes ahumados
Cada vez que se dicta una condena injusta, se trunca una esperanza y se pisotea la dignidad humana Hermes Sucre S.
hsucre@prensa.com
A las 7:30 de la mañana el tráfico por la Vía Cincuentenario es tan pesado como mover un tanque de guerra con pedales o un submarino con remos. Luis S. y su hija Rosalín S. dependían de un milagro para llegar temprano al trabajo. Pero aquel aciago día se quedarían a medio camino.
El camión volquete, un Atila motorizado que mataba la yerba con sus 10 ruedas, cayó como un dinosaurio sobre el liviano sedán de Luis. Lo arrastró y estrelló contra un árbol hasta dejarlos presos entre un amasijo de hierros retorcidos. El fuerte golpe acabó con la frágil anatomía de Rosalín, quien expiró en los brazos de su padre, a quien el impacto le quebró las dos piernas.
El conductor del camión volquete no tenía la edad requerida para conducir este tipo de vehículo; además el mastodonte de acero tenía un vidrio quebrado que dificultaba la visibilidad del chofer. Estos detalles se omitieron en el parte policivo. Después de tres años y medio del accidente, Luis está acusado de “homicidio culposo” en un proceso (que pronto saldrá a la luz pública) lleno de dudas. El camión pertenecía a un poderoso banco local.
Otra perla en el collar de la administración de justicia, lo constituye una personera capitalina que pidió llamamiento a juicio en el caso del atropello de una joven imprudente que, según ella, estaba parada –como si fuera un burladero– sobre la doble línea amarilla en el centro de una vía en reparación que no tenía señal alguna. En la reconstrucción de los hechos se inventaron las líneas amarillas que nunca hubo. De nada sirvió que el acusado solicitara un careo para definir la verdad. La personera nunca investigó en el Ministerio de Obras Públicas cuál era el estado de la vía en ese momento. El accidente ocurrió de noche en un tramo oscuro de la Vía España. La reconstrucción se hizo a las 11:00 de la mañana. Un policía del tránsito, que no distingue entre la noche y el día, dijo que había “buena visibilidad”. ¡Genial! El juez municipal lo único que atinó a decir fue: ¡a la reja! Podríamos quedarnos las mil y una noches relatando historias de las canalladas que se hacen en nombre de una administración de justicia miope.
Cuando hablamos de corrupción judicial siempre cometemos el error –incluyendo a los periodistas– de pensar únicamente en la Corte Suprema de Justicia. No señores, las termitas que carcomen el sistema nacen en las corregidurías y llegan hasta la cúpula del Organo Judicial.
Hay personerías y fiscalías que están en manos de funcionarios displicentes, sin vocación para ejercer la sagrada tarea de administrar justicia. Instruyen sumarios incompletos, llenos de errores procesales. Y para colmo, algunos jueces (no todos, por fortuna) no leen los expedientes: hacen como algunos legisladores que votan –a favor o en contra– sin leer los proyectos de ley.
Aparte de ser una práctica deshonesta y una descarada violación de la ética, constituye un atentado contra la presunción de inocencia. José Ingenieros, autor de El hombre mediocre, escribió: “Mientras el hipócrita merodea en la penumbra, el inválido moral se refugia en la tiniebla. En el crepúsculo medra el vicio, que la mediocridad ampara; en la noche irrumpe el delito, reprimido por leyes que la sociedad forja. De la honestidad convencional se pasa a la infamia gradualmente, por matices leves y concesiones sutiles. En eso está el peligro de la conducta acomodaticia y vacilante”.
Los jueces y magistrados no deben dejarse llevar únicamente por la frialdad de un expediente, muchas veces “emparchado”; deben estimular una permanente búsqueda de la verdad, sin perder de vista el calor humano de las partes litigantes. Cada vez que se dicta una condena injusta, se trunca una esperanza y se pisotea la dignidad humana. Una mala decisión judicial deja huellas imborrables, destruye reputaciones, provoca desajustes económicos, problemas emocionales, frustración y desconfianza en las instituciones judiciales.
Los jueces que dictan sentencias amañadas, prejuiciadas, injustas e infames también hay que llevarlos a los tribunales para barbearlos con justicia de la buena. Dicen que los médicos entierran sus errores y los periodistas los publicamos. ¿Qué hacen los jueces? Los sepultan en archivos donde no entran los pobres, los que no tienen padrinos ni medios para pagar una buena defensa.
Hay tres normas indispensables para mantener el control social y evitar el caos: la jurídica, la moral y la del trato social. Sin una de ellas se resquebraja la convivencia pacífica y el estado de derecho.
Estoy en desacuerdo con la generalización que se hace sobre la mala administración de justicia en Panamá. Tenemos que irnos a casos específicos, a desempolvar las infamias con nombres y apellidos. Además de reconocer los méritos de los fiscales y jueces que están haciendo bien su trabajo, a conciencia y en apego a los derechos individuales consagrados en la ley.
En los pleitos judiciales siempre habrá ganadores y perdedores, pero el mal sabor de la derrota se asume mejor cuando hay seguridad de que la mujer de los ojos vendados –con la balanza en una mano y la espada en la otra– no se ha prostituido en favor de nadie.
El autor es periodista
Además en opinión
• Actualidad: Felicidades, monseñor: Octavio Sandoval
• Actualidad: Justicia con lentes ahumados: Hermes Sucre S.
• Actualidad: Rubén desafinó: José Quintero De León
• Un mes de Patria Nueva: Demetrio Olaciregui Q.
• Salvarán a la CSS y no a los asegurados: Jorge A. Castillo
• El malogrado indulto: Gerardo Solís Díaz
• Jóvenes panameños, protagonistas del desarrollo: Ciro O. Jaén G.
|
