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Cartas del lector
La Merced está herida
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| LA PRENSA/David
Mesa |
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La iglesia de La Merced
está herida; tiene una fisura en la torre del campanario.
Esta iglesia, construida en el siglo XVII, es un monumento
histórico, por lo
que sería una lástima que las autoridades encargadas de velar por la conservación
del patrimonio de la humanidad no la reparen. |
Se trata de un aporte
cívico
4 de octubre de 2004
Con respecto a la nota de Maribel Romero publicada
el 4 de octubre, deseo aclarar que la función de director general del Centro
de Competitividad de la APEDE la ejerceré sin honorarios.
Simplemente es una contribución cívica de mi tiempo.
En el programa Compite Panamá he sido contratado como consultor
profesional por la empresa alemana GFA Management para preparar
una Estrategia Nacional de Competitividad. Dicha empresa se ganó una
licitación pública para ejecutar el proyecto Compite
Panamá, supervisado por el MEF y financiado por el BID.
Es evidente la complementaridad entre el Proyecto
Compite Panamá y
el Centro de Competitividad de APEDE, pero no son la misma cosa.
Todas las partes (Compite Panamá, el MEF, APEDE) están
al tanto de eso y de lo que estoy haciendo con absoluta transparencia
y con deseos de colaborar con algo importante para el país,
basado en mi experiencia profesional dentro y fuera de Panamá.
Es lamentable que Maribel Romero trate de
hacer daño innecesariamente
sin informarse primero.
Nicolás Ardito Barletta
Réplica de Carlos
H. Cuestas
4 de octubre del 2004
Me refiero a la noticia: "Un reparto conveniente: el caso
de Onassis García", aparecida en la edición
de La Prensa del 3 de octubre del 2004, en la que desafortunamente
se demuestra el poco profesionalismo en el correcto manejo de las
informaciones al que tiene derecho la ciudadanía.
Del contexto de la misma se deja entrever
maliciosamente que en los repartos de los negocios judiciales
que se realizan en la Secretaría
General de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios judiciales
que en ellos participamos, nos damos a la tarea de manipular la
asignación de expedientes a específicos magistrados
de esta corporación, lo cual no solo es totalmente infundado,
sino completamente injusto.
Para su conocimiento, como comunicador social
y por ende, para los ciudadanos que tienen derecho a una información veraz,
le aclaro que con fundamento en el Artículo 104 de Código
Judicial, todos los repartos de los negocios del pleno de la sala
de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia son actos
públicos que se realizan en las instalaciones de la Secretaría
General, por lo menos tres veces a la semana.
Los preside personalmente el magistrado presidente
de la Corte, Dr. César Pereira Burgos, y lo asisten en esta diligencia
funcionarios de la Secretaría General, entre ellos, el suscrito.
Al acto tienen derecho a asistir los apoderados,
defensores, litigantes encausados, los comunicadores sociales
y el público en general,
y de hecho asisten, porque no se realiza en un recinto cerrado,
sino en área donde el público puede presenciar la
diligencia, ya que la instalación permite fácilmente
el acceso.
De acuerdo con la ley, los expedientes son
numerados por estricto orden cronológico de entrada y para determinar el turno
de los magistrados se registran sus nombres en orden alfabético.
Luego de insacular. unas bolas de madera con
las iniciales de cada magistrado, se extraen a la suerte y de
estas se van asignando
los expedientes respectivamente numerados a cada magistrado, totalmente
al azar, luego se levanta y firma el acta respectiva y una copia
se fija en los estrados de la Secretaría para constancia
pública.
Desde el 6 de enero del 2004, todos los interesados
han sido invitados mediante carteles fijados en la misma Secretaría para que
participen, si lo desean, en este acto público, e inclusive
los medios de comunicación han cubierto noticiosamente esta
diligencia judicial.
He visto muchos abogados, litigantes, ciudadanos
en general, e inclusive a muchos colegas participar en esta diligencia
y verificar
su legalidad y transparencia y, en general, estos últimos
acostumbran a acercarse a la Secretaría General para confirmar
la veracidad de las informaciones antes de publicarlas, como deben
hacerlo los periodistas responsables, pero no recuerdo nunca haberlos
visto, por lo que no sorprende la ligereza con que escriben esta
noticia, totalmente alejada de la verdad.
Dr. Carlos H. Cuestas G.
Secretario General de la
Corte Suprema de Justicia
El rigor, otra vez
Ante cualquier información, el periodista siempre debe dudar
Mileika Bernal
mbernal@prensa.com
Raquel Herazo le envió una carta a la defensora del lector,
donde le pide que revise la publicación del miércoles
29 de septiembre, específicamente la noticia titulada: “Detenida
ex vendedora del Club 20-30”.
Herazo asegura en su carta que la noticia
carece de veracidad, porque ella nunca ha estado detenida. También menciona que
a raíz de la publicación en La Prensa, donde se publicó su
nombre, un medio televisivo también lo reportó.
La información que fue publicada no concuerda con la emitida
por el boletín de prensa de la PTJ. En él ni siquiera
se menciona su nombre.
Herazo admite en su misiva que fue indagada
y se queja de que la noticia tal y como la publicó La Prensa le perjudica
y afecta a su familia. Su carta finaliza pidiéndole a la
defensora una nota aclaratoria que limpie su nombre. “Siempre
he sentido respeto y admiración por esta empresa periodística,
pero no puedo permitir este abuso”, sostiene.
La nota publicada
En tanto, la noticia publicada da cuenta de
que Raquel Herazo, ex ejecutiva de cuentas del Club Activo 20-30,
fue detenida por
funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ),
acusada de apropiarse indebidamente de más de 5 mil dólares.
El párrafo que sigue dice: “fuentes de la propia
PTJ informaron que la mujer había sido denunciada a comienzos
de este año ante la División de Delitos Contra la
Propiedad”.
“Oficialmente se le acusó de la apropiación
indebida del referido monto, aunque extraoficialmente se sospecha
que la suma podría pasar de los 15 mil dólares”,
comenta la nota.
Según la noticia, “en los últimos tres años,
Herazo se desempeñó como ejecutiva de ventas y bajo
ese cargo promovió productos en diferentes empresas, lo
que le permitió tomar el dinero”. “Los voceros
policiales explicaron que, como ejecutiva de ventas, la sospechosa
tenía facultad para emitir recibos y cobrar dinero de los
clientes”.
Analicé con cuidado la petición
de Herazo y la noticia publicada.
La periodista reportó sobre la denuncia que se interpuso
contra Herazo a principios de año, y esta información
es cierta: sí existe una denuncia. Pero debo decir que el
reclamo de la lectora también tiene asidero, porque el título
reporta una información falsa, que además no está contenida
en el cuerpo de la nota claramente. Según mi investigación
en la PTJ, Raquel Herazo nunca ha estado detenida.
Lo que realmente ocurrió fue que Herazo fue conducida por
la PTJ, el 15 de septiembre del 2004, para un “trámite” en
la Fiscalía. La PTJ no puede detener a nadie, salvo que
reciba orden de arresto emitida por un funcionario de instrucción
o del juez de la causa. Si una persona es conducida por la PTJ,
no significa que está detenida, presa o arrestada.
Es el fiscal quien determina si se detiene
o no al denunciado, en este caso Herazo, o si solo tiene que
acudir a las autoridades
cuando ellos así lo soliciten, que fue lo que ocurrió.
El periodista debe tener presente que cada
vez que se hace uso de una fuente anónima -que debe ser la excepción
y no la regla- automáticamente es él quien asume
la responsabilidad por lo publicado ante los lectores.
Y para cuidar su buen nombre como periodista debe: verificar o
contrastar la información. En este caso con una sola consulta
a la PTJ habría evitado la difusión de una nota
falsa. Pues un dato errado corrompe toda la información.
Me permito citar una vez más al maestro Javier Darío
Restrepo, cuando dice que el medio de comunicación es similar
a una planta potabilizadora y explica que el agua sale de las fuentes
(ríos), y llega contaminada hasta la planta, donde comienza
el trabajo del ingeniero que la procesa y la purifica. Una vez
que logra esto, entonces la hace llegar a los usuarios. Cuando
el usuario la recibe tiene la garantía de que pasó por
la planta, que se purificó y que está limpia.
Eso mismo ocurre en los medios de comunicaciones
y es deber del periodista descontaminar la información que llega de sus
fuentes, para hacerla llegar lo más pura posible a sus lectores.
También quiero hacer otras observaciones sobre la nota,
pues en ella hay otras imprecisiones: se habla de detenida, acusada
y sospechosa, de tal forma que el lector no puede estar seguro
cual es el estatus real de Herazo. También se menciona que
la denuncia se hizo por un faltante de 5 mil dólares, pero
más adelante se indica: “aunque extraoficialmente
la sospecha es que la suma podría pasar de los 15 mil dólares” .
La denuncia se hizo por 5 mil dólares.
Bill Kovach, periodista maestro y maestro
de periodistas, sostiene que el periodista “camina solo, está solo; debe siempre
dudar”. A lo que le agrego que cuando una fuente da información
y no quiere dar la cara, hay que dudar más. Incluso, asumiendo
que es un error de “buena fe”, se hace un daño
inmenso, que no se reduce al infligido a la persona señalada,
también alcanza a los lectores, al periódico, al
periodista y a la institución de donde supuestamente se
obtuvo la información.
El transporte público
es un caos
4 de octubre del 2004
Es imperativo que el Gobierno Nacional resuelva
de una vez por todas el caos llamado "transporte público".
Este problema con los "diablos rojos" no solo afecta
el transporte, sino que tiene aristas sociales y emocionales: padres
de familia que no ven a sus hijos por estar tres horas diarias
montados en un bus; empleados que llegan a su trabajo cansados
y agotados; conductores de autos privados estresados por la lucha
con los buses en las calles; personas muertas víctimas de
los desmanes de choferes con sus famosas regatas; el combustible
desperdiciado en tranques producto del alto número de autos
en la calle, etc.
Analicemos bien la situación y nos daremos cuenta de que
una ciudad con un transporte público ordenado es una prioridad
nacional, ya que nuestra salud mental así lo exige.
Por otra parte, si el sistema de transporte
público funcionara,
muchos de nosotros preferiríamos andar en bus y dejar el
auto en la casa, con su consabido ahorro en combustible, mantenimiento,
y ni hablar de la disminución del número de carros
en la calle.
Si les van a aprobar los 15 centavos de aumento
a los transportistas (como es casi seguro que va a suceder) por
allí mismo liberen
el transporte y permitan que exista una real competencia que nos
beneficie a todos.
Yohel Amat
Otra responsabilidad
3 de octubre de 2004
El concepto designar significa, en buen castellano,
nombrar, elegir, investir; por tanto, no encuentro correcto —por sus implicaciones— que
en el Hoy por Hoy de La Prensa, calendada al 3 de octubre del presente,
se redacte literalmente así "uno de los retos más
importantes que debe enfrentar el presidente Martín Torrijos
será designar a magistrados en la Corte Suprema de Justicia".
Más adelante se persiste en utilizar el término,
con lo que se crea una dicotomía conceptual, al señalar
textualmente "En las últimas designaciones ha tenido
mayor valor la cercanía de los nombrados con el Organo Ejecutivo".
Entiendo que está establecido que el Ejecutivo propondrá (y
no designará), una figura sin filiación para que
en debate y como fín último, sea aceptado o rechazado
por el Organo Legislativo.
Es bueno hacer la aclaración, puesto que no se trata de
designar, sino de proponer nombres y, en tal sentido, uno de los
objetivos del periodismo, a más de informar, es también
hacer docencia.
Guillermo Walker Franco
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