Abuso
del indulto
Jorge Eduardo Ritter
jritter@cwpanama.net
Los indultos otorgados en el ocaso del gobierno pasado han sido calificados de inconstitucionales por referirse a delitos no comunes, o de ilegales porque en algunos casos el proceso contra los indultados no había concluido. Son comentarios bien sustentados pero teóricos: la Corte Suprema de Justicia, de manera reiterada, bendice los indultos otorgados por el Organo Ejecutivo. Lo cual llevó a la ex presidenta Moscoso a abusar de esa prerrogativa, como abusó de casi todos los poderes que ostentó.
La Constitución Política es, en efecto, muy clara: el indulto sólo se puede conceder por motivos políticos. Lo que ocurre es que no se ha dicho qué es un delito político. Doctrina y ensayos abundan, pero en Panamá el delito político continúa huérfano de definición. Los jurisperitos han establecido distintos criterios para definirlo: en la práctica, aquí cualquier crimen puede indultarse, pues todos son susceptibles de catalogarse de políticos. En otras palabras, la capacidad de abusar del poder de indultar es, sencillamente, ilimitada.
El Decreto Ejecutivo 317 del 24 de agosto de 2004 perdonó, de un plumazo a más de 160 personas, acusadas de los más diversos delitos. El denominador común es esta frase: implicados en procesos cuya génesis guardan relación con acontecimientos de ésta índole [motivos políticos]. Como es obvio, al gobierno anterior le sobró en abusos lo que le faltó en el uso correcto del español. Pero al margen de esa consideración, lo que pretendió decir el decreto, en la opinión de los expertos en interpretar el lenguaje enrevesado de los arnulfistas, es que todos los delitos por los cuales estaban acusados o condenados los indultados tenían un origen político. De esa manera logró meter, en el mismo churuco, a Juan Carlos Tapia y a Luis Posadas Carriles, por ejemplo.
La fuente del abuso es, pues, la discrecionalidad absoluta que tienen los presidentes para determinar la génesis política de un delito. Allí caben, porque están mencionados en el decreto de marras, delitos electorales y delitos ecológicos; delitos contra el honor y delitos contra el patrimonio; tenencia ilegal de explosivos y delitos contra la administración pública; delitos contra la fe pública y delitos contra la seguridad colectiva. ¿Cómo se puede sostener que los delitos contra el patrimonio –hurto, robo, estafa– o contra la administración pública –peculado– tienen una génesis política? Aun admitiendo que el delito puede calificarse de político si su intención lo es, no alcanzo a entender cómo se puede estirar la noción para que cubra la extorsión y el peculado.
Algunos políticos cometen esos y otros delitos, pero la autoría no le cambia la naturaleza al delito. El político que estafa es un delincuente común; el periodista que roba (aunque le robe a un político), es un delincuente común. Pero en la falta de una definición clara, el gobierno anterior encontró el boquete para poder abusar a sus anchas de la prerrogativa presidencial.
Habrá quienes digan que el indulto debe desaparecer del todo pues es una reminiscencia de la gracia imperial. En lo personal no creo que las instituciones hay que abolirlas cuando un mandatario abusa de ellas. En todo caso, lo que se debe hacer es, con una reglamentación legal, cerrar las posibilidades de abuso (aunque creo que nunca volveremos a ver un uso abusivo del poder como el que acabamos de padecer).
Luis Posada Carriles y sus secuaces gozan hoy de libertad porque encontraron en Panamá a una mandataria que no le importó ni con la administración de justicia ni con la imagen del país; una mandataria que, en pocas palabras, hizo lo que le vino en gana. No se detuvo ante nada: ni ante los llamados a la prudencia ni ante la petición de otros gobiernos. Las razones que inspiraron una decisión tan descabellada y que ha dejado tan maltrecho el nombre de Panamá, algún día se aclararán, pero fueron tan poderosas que pesaron más que sus posibilidades de salir de la presidencia con un mínimo de decoro.
Por los precedentes de la Corte Suprema de Justicia y, sobre todo, por la razón práctica de que Carriles y compañía salieron del país, ese último abuso de la presidenta Moscoso tiene todos los visos de ser clavo pasado. Y también bastante largo: lastimó a la administración de justicia, degradó la dignidad presidencial, e hirió severamente la imagen internacional del país.
El autor es ex canciller de la República
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