Comercio exterior
Los capitales y
el TLC
| LA PRENSA/Archivo |
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Con un TLC, las inversiones estadounidenses crecerían entre 25% y 50%. Las áreas revertidas ofrecen gran potencial para la inversión
extranjera.
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Estados Unidos tiene inversiones acumuladas en Panamá por 25 mil millones de dólares, una cifra que se espera que crezca entre 25% y 50% en los próximos cinco años, tras la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC).
Buena parte de este acuerdo comercial está enfocado precisamente en dar "seguridad jurídica", un asunto que podría ser la vitamina que le faltaba a los alicaídos ánimos inversionistas estadounidenses.
Para empezar, se consignan los principios de "trato nacional" y "nación más favorecida", que implican que cada país otorgará a los inversionistas del contrario un trato no menos favorable que el que da, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas o los de un tercer país.
Además, existen disposiciones en el TLC sobre transferencias y repatriación de capitales, que garantizan a los inversionistas estadounidenses que los dividendos que se generan producto de su actividad pueden regresar a su país de origen sin mayores trabas legales, explicó el negociador de inversión en el TLC, Leroy Sheffer.
También se asegura que cualquier disposición panameña o estadounidense no afectará en un futuro las capacidades de obtener rentas y beneficios de una inversión extranjera.
Es decir, ambos países deben evitar acciones que afecten directamente la actividad comercial que el inversionista deseó realizar.
El TLC también ofrece certidumbre en cuanto a las condiciones de expropiación de bienes para uso público que pueden aplicar los gobiernos, en cuyo caso se asegura una debida compensación.
Otro elemento importante, según Sheffer, es el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias entre el inversionista y el Estado, el cual le da la capacidad a las empresas de hacer prevalecer sus derechos en un foro de arbitraje, basado en las disposiciones del TLC.
Esto le da mayor celeridad y transparencia a los procesos legales administrativos en caso de disputas de inversión con el Estado contrario, explicó el negociador.
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