Salvadoreños peregrinan en busca de justicia
La guerra dejó más de 75 mil muertos, más de 8 mil desaparecidos y 12 mil lisiados
por Cristina Hasbún
(ACAN-EFE)
La condena a un ex capitán de la Fuerza Aérea Salvadoreña en EU por el asesinato en 1980 del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, alienta a otras víctimas
de la pasada guerra civil a buscar justicia en el exterior.
Así lo manifestó ayer sábado a ACAN-EFE el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita José María Tojeira, al comentar el fallo condenatorio contra Alvaro Rafael Saravia, emitido el viernes por el juez federal de Fresno (California), Oliver Wanger.
“Esto muestra que en El Salvador no se trabaja adecuadamente en la búsqueda de la verdad, que la justicia es una asignatura pendiente y la necesidad de que la reconciliación del país pasa por la verdad”, expresó Tojeira.
Agregó que el fallo contra Saravia alienta a otros sectores de la sociedad salvadoreña y familiares de miles de asesinados durante la guerra civil (1980-1992) a buscar justicia en el exterior porque “no hay reparación moral a las víctimas y los casos tendrán que ir saliendo a la luz a nivel interno e internacional”.
El arzobispo Romero, de 63 años, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la capilla del hospital para cancerosos La Divina Providencia, en San Salvador.
El juez estadounidense ordenó a Saravia, quien fue juzgado en ausencia, el pago de 2.5 millones de dólares en compensaciones para la parte acusadora, un familiar de Romero que no ha sido identificado.
Además, Saravia tendrá que pagar otros 7.5 millones de dólares por daños punitivos.
Para Tojeira el caso “ayuda a esclarecer el pasado y sienta las bases para la construcción de una sociedad más democrática y respetuosa de los derechos humanos” en El Salvador, donde desde marzo de 1993 existe una ley de amnistía que ha librado de juicio a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos.
Mediante esa ley fueron liberados dos militares que habían sido condenados a 30 años de prisión, en septiembre de 1991, por la autoría material del asesinato de seis jesuitas ocurrido en noviembre de 1989 en el campus de la UCA.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES, no gubernamental), Miguel Montenegro, dijo ayer a ACAN-EFE que si bien el fallo del juez Wanger “es para celebrarlo, no nos satisface totalmente porque se trata de una sanción civil y nos habría gustado que fuera de otro tipo”.
Sin embargo, elogió que un tribunal de EU haya emitido un fallo condenatorio en un caso de magnicidio “aunque es paradójico porque ese país contribuyó al conflicto armado y a la crisis humana que vivió el país con la muerte de miles de salvadoreños”.
El Salvador vivió un conflicto armado de 12 años que terminó el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y el entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Según organismos humanitarios, la guerra dejó más de 75 mil muertos, más de 8 mil desaparecidos y unos 12 mil lisiados.
Montenegro dijo que la amnistía mantiene la impunidad en miles de casos de asesinados, cuyos familiares “mantienen la esperanza de justicia y si existe en el exterior voluntad para abrir juicios también debería haberla en El Salvador, pero los gobiernos se han opuesto con el chantaje de que no hay que abrir heridas del pasado”.
Remarcó que con los Acuerdos de Paz “hubo reconciliación militar y política, pero no reconciliación social porque las víctimas esperan verdad y justicia”.
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