Luego de una semana de discusiones en torno al paquete de reformas constitucionales que se presentó a la Asamblea Legislativa, en los círculos políticos y sociales del país se ha producido un sinnúmero de reacciones sobre el proyecto. Muchos de los expertos, gremios y partidos políticos consultados han emitido opiniones claramente desfavorables a diversos aspectos de la iniciativa y otros tantos prefieren aguardar la evolución de los acontecimientos para hacer lo propio. Pero a medida que los artículos del referido proyecto se han ido analizando, hay numerosas expresiones contrarias que pueden interpretarse como una manifestación de los rechazos que genera el tema. Es evidente que la eliminación del control previo, mantener normas que les permiten a los funcionarios con mando y jurisdicción penar sin juicio previo cuando se creen agraviados, y el aumento del número de magistrados por sala han contribuido a consolidar los sentimientos de desconfianza, y revelan una ambición de poder incompatible con ideales republicanos. Aunque muchas de las reacciones han sido en contra, la iniciativa de las reformas presenta aspectos positivos, como por ejemplo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, anhelo de casi el 90% de la población panameña. Por eso, el legado de la clase política está en juego. De proceder sin juicio ni responsabilidad no solo pasarán a la historia como aquellos que no hicieron nada, sino como aquellos que hicieron todo para que el país no avanzara.