Brunch dominical
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
* Martín Torrijos decidió dar cumplimiento esta semana a una de sus promesas de campaña: la presentación de un paquete de reformas constitucionales. El problema está en que, como señalara el presidente electo, para hacer posible su pronta entrada en vigencia, estas reformas tendrían que ser debatidas y aprobadas en la presente legislatura. Y aquí es donde se complica la cosa: como falta muy poco tiempo para que este periodo legislativo finalice, es muy probable que sea necesario recurrir a sesiones extraordinarias para terminar de discutir el tema. Como todos sabemos, la actual presidenta de 8 a 3 (antes de 8 a 4) es la única que puede convocar a las sesiones que harán falta. Pero como dijera García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba... y la presidenta no tiene quien le coja el teléfono. Parece que al fin sus más fieles servidores han descubierto el alto precio que están pagando por haber saltado juntos en la comparsa de derroches, parrandas principescas, gastos ocultos, billetes congelados, francachelas y otros pitos y serpentinas. Ahora, cuando ha llegado la hora de atribuir culpabilidades, todos voltean a ver a la cantalante de la tuna, por ser la artífice de sus estribillos. Todo esto no pasaría de ser un acontecimiento más de nuestro folclor político, si no fuera porque es a ella, como presidenta de su partido, a la que también correspondería establecer, junto a su bancada, la posición que adoptarán en cuanto a las reformas. En otras palabras, si Mireya Moscoso no hace su parte -o no la hace a tiempo, que es lo mismo- las reformas quizá no se aprueben. Esto es para recordarnos que los días de desgobierno pueden no haberse ido todavía. Algo así como cuando en las películas de terror enseñan las cortinas en movimiento en una ventana inexplicablemente abierta que, sin enseñar al monstruo, indican que por ahí anda.
* A propósito de las reformas constitucionales, estas parecen ser la descripción de la carroza en la que se podría convertir la calabaza en la que actualmente nos tiene viviendo nuestra Cenicienta "de carne y hueso". Se propone eliminar un vicepresidente y un montón de suplentes que no han hecho otra cosa que costarnos mucho dinero; se establecen las postulaciones independientes para cargos de elección popular; se añade la condena por delitos dolosos como impedimento para ocupar numerosos cargos del Estado, y se eleva la Defensoría del Pueblo a rango constitucional. Además, en un gesto sin precedentes en la historia de nuestro país, se restarían dos meses al periodo presidencial del propio Martín Torrijos para establecer, a partir de ahí, una reducción en el periodo de transición entre gobiernos. Igualmente, con los nuevos requisitos propuestos para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se haría virtualmente imposible que los mismos provengan de cualquiera de los otros dos poderes del Estado, dentro del mismo periodo presidencial, lo que de partida pondrá a una buena cantidad de políticos, amigotes y compadres fuera de la jugada. Aunque sabemos que al final, a pesar del eslogan de campaña de Torrijos, a todos nos tocará seguir viviendo en la misma patria, no está nada mal que lo hagamos con reglas del juego más claras que promuevan una gestión más transparente. Ahora es que veremos si se puede o no se puede.
* Eran 13 y solo anunciaron tres, pero algo es algo. Esta semana se conocieron los nombres de tres futuros ministros del próximo Gabinete que presidirá Martín Torrijos: Ubaldino Real, en la Presidencia; Laurentino Cortizo, en el MIDA, y Alejandro Ferrer, en el MICI. Son nombramientos que, aunque aparentemente acertados, son mucho menos novedosos que el paquete de reformas constitucionales presentado por Torrijos, dado que los tres ya actuaban desde hace rato como ministros, ejerciendo funciones específicas encomendadas por el presidente electo. Aún quedan 10 sillas vacías en el Gabinete... y como 100 aspirantes a ellas.
* El magistrado presidente César Pereira Burgos advirtió que no piensa renunciar al cargo que ocupa, pese a la existencia de la llamada "Ley Faúndes", que obliga a los funcionarios a retirarse del servicio público al cumplir 75 años de edad (Pereira los cumplirá en septiembre). Tiene sentido decir que esa ley -que ya ha sido aplicada rigurosamente a otros funcionarios- es inconstitucional o que hay que derogarla, pero Pereira Burgos no dijo ninguna de las dos cosas. Simplemente, que no la aplicaría. Es inaceptable el mensaje inequívoco que el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha mandado a la población: las leyes, cuando le afectan a él, no se cumplen. Esta ley, por cierto, nació para sacar de su puesto al magistrado José Manuel Faúndes, y ahora parece que no es válida para remover a Pereira Burgos. ¿Tan personal era esa ley, que solamente será aplicada a un magistrado en particular?
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