La necesidad de adecentar la clase política de nuestro país es un tema que no admite discusión. Razón tiene el arzobispo Dimas Cedeño en reconocer que la chabacanería y el ambiente calumnioso e irrespetuoso que rodea el actual proceso electoral nos recuerda la campaña política de 1968. Por un lado, es lamentable la decisión de la ministra de la Presidencia de no entregar la información solicitada por el fiscal electoral, pero es más lamentable que se apoye en supuestos fundamentos de derecho para justificar el secretismo. Y eso es lo verdaderamente grave. Pero, por el otro, la presidenta de la República está haciendo todo lo posible para que la Asamblea Legislativa la juzgue. Lo más seguro es que ella no sepa que para lo único que la Asamblea puede reunirse sin previa convocatoria es para sesiones judiciales. Su actitud, además de desafiante, es de poco importa: no le interesa con lo que diga la ley ni con lo que los ciudadanos opinen. Sin duda, está jugando con fuego y ni la propia historia de su esposo, Arnulfo Arias, la ha advertido de ese riesgo. Debiera entender que está exponiendo la institucionalidad del país como lamentablemente ocurrió en 1968. ¡Qué horror!