Fiscalía Anticorrupción investiga caso PECC
La concesión a PECC, según la Contraloría, ha causado una millonaria lesión patrimonial, y entre los beneficiarios figura el ex presidente Pérez Balladares
LINA VEGA ABAD
lvega@prensa.com
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Mercedes Araúz de Grimaldo |
Cecilia López |
La fiscal primera anticorrupción, Cecilia López, inició esta semana las investigaciones sobre las posibles irregularidades del contrato celebrado el 18 de diciembre de 1997 por la empresa Ports Engineering and Consultans (PECC) y la Autoridad Portuaria Nacional, hoy Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
El expediente del polémico caso PECC, que supondría una millonaria lesión patrimonial para el Estado, y en el que aparecen como presuntos responsables los ex directores de la AMP, Hugo Torrijos Richa y Rubén Reyna, así como el ex presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, entre otros, llegó a la Fiscalía Primera Anticorrupción después de que la procuradora suplente de la Nación, Mercedes Araúz de Grimaldo, lo enviara durante la última ausencia del país del procurador, José Antonio Sossa.
El expediente fue abierto en noviembre del año pasado -a pesar de la negativa de Sossa a iniciar de inmediato las investigaciones- debido al impulso que en su momento le diera la procuradora suplente.
Sin embargo, las gestiones no avanzaron; de hecho, se estancaron varios meses, pese a que el expediente, con las pruebas enviadas por el contralor general de la República, Alvin Weeden, reposaba en el despacho de Sossa.
Ahora, y como consecuencia del viaje hecho por Sossa a Guatemala el 2 de febrero pasado, Araúz de Grimaldo tomó nuevamente la iniciativa y remitió el expediente a la Fiscalía Primera Anticorrupción, solicitando a la fiscal López que llevara a cabo las diligencias necesarias para establecer si, efectivamente, se había producido un delito, así como los responsables del mismo.
Por ello, López envió ayer, 19 de febrero, el oficio 733-FPA al contralor Weeden, en el que le solicita que tan pronto la Contraloría termine el informe de auditoría correspondiente, éste le sea remitido.
Con esta segunda gestión de la procuradora Araúz de Grimaldo se produce una nueva oportunidad de aclarar las denuncias presentadas por Weeden, en torno a la concesión hecha por la AMP a PECC para ejecutar por 20 años labores de ayuda a la navegación marítima en Panamá.
Las primeras investigaciones de Weeden trajeron como consecuencia la cautelación de los bienes de PECC, hasta la suma de 6.7 millones de dólares. Igualmente se cautelaron bienes de Hugo Torrijos Richa, de familiares de Rubén Reyna y del ex presidente, Pérez Balladares, quien logró su liberación a través de un amparo acogido por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos.
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