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Seguridad jurídica 'trastabilla'
Juan David Morgan dijo que Panamá necesita un nuevo pacto social, sobre todo si vamos a encarar un proceso tan importante como lo es un TLC con EU
Víctor D. Torres
y Nubia Aparicio S.
planas@prensa.com
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El abogado Juan David Morgan hace su disertación durante el foro sobre seguridad jurídica. Al extremo derecho, el magistrado Abel Zamorano; aparece a su lado, el empresario José Javier Rivera.
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La seguridad jurídica está "trastabillando", por lo que se requiere en Panamá la suscripción de "un nuevo pacto social". A ese acuerdo llegaron los juristas Abel Zamorano, Juan David Morgan y José Javier Rivera durante un reciente foro nacional.
Morgan afirmó que la seguridad jurídica está "muy mal", fundamentalmente porque los panameños "no sentimos que existe una verdadera administración de justicia".
Morgan expuso sus planteamientos durante el Foro Nacional sobre Modernización y Reforma del Estado, organizado por la Procuraduría de la Administración y el Centro Istmeño de Modernización de la Administración Pública (CIMAP).
A Morgan, junto a los también abogados José Javier Rivera, expresidente de la Cámara de Comercio, y Abel Zamorano, magistrado del Tribunal Superior de Trabajo, le tocó exponer el tema "La seguridad jurídica, concepto y consolidación".
Con la seguridad jurídica, el Estado le asegura a sus asociados y a la comunidad internacional la existencia de un orden jurídico estable, dotado de valores como justicia, equidad, igualdad y plenitud de libertades.
Morgan indicó que, según la percepción y la realidad, delitos que se han dado a conocer através de transmisiones de la televisión, "por arte mágico de birlibirloque no acaban siendo castigados, las investigaciones no concluyen, entonces ese ambiente de impunidad hace que la seguridad jurídica esté trastabillando" y que en Panamá las inversiones en vez de aumentar estén disminuyendo.
Dijo que Panamá necesita un nuevo pacto social, sobre todo si vamos a encarar un proceso tan importante como lo es la negociación de un TLC con Estados Unidos, porque un tratado de esa naturaleza supone reformar estructuras básicas con las cuales hemos mantenido por mucho tiempo privilegios que deben ser eliminados.
Todas las leyes especiales de jubilación son privilegios; el hecho de que en Panamá nos jubilemos 15 años después de estar pagando cuotas, cuando en los demás países tienen que pasar 30 y 40 años para que eso ocurra, constituye un privilegio... eso es lo que tiene a la Caja de Seguro Social en la situación en que se encuentra, manifestó el también escritor.
Apuntó que tenemos que desprendernos de ciertas cosas si queremos mejorar: "no podemos mejorar siendo peores".
Los panameños tenemos que unir esfuerzos para lograr un TLC y eso solamente se logra cambiando las estructuras que tenemos actualmente, dijo Morgan.
Lo que no esté acorde con el nuevo desarrollo del país hay que eliminarlo, y ese es el nuevo pacto social al que se refiere Morgan. Para lograrlo, agregó, "debemos tener una meta, porque después de que se fueron los gringos nos quedamos sin un denominador común que nos uniera... se nos acabó la mística, se nos acabó la necesidad de pelear, porque aquí solamente nos unimos cuando tenemos que pelear contra alguien".
Respecto al método que se aplica para el nombramiento de los magistrados de la Corte, Morgan señaló que no cree que esté mal el hecho de que los nombre el presidente y los apruebe la Asamblea. Lo que está mal, dijo, es que se nombre a copartidarios del presidente y que se produzcan pugnas políticas en la Asamblea para aprobar esos nombramientos.
Morgan recordó que esa situación no es nueva, porque "también lo hizo el gobierno anterior: nombrar copartidarios como miembros de la Corte con el afán de controlarla después".
Dijo que estamos sujetos a un sistema que se presta para "muchas irregularidades".
Organo Judicial tiene que afrontar cambios
José Javier Rivera, ex presidente de la Cámara de Comercio, afirmó que para que haya seguridad jurídica es fundamental el respeto a las leyes y que la administración de las leyes y normas sea eficiente.
"Muchas veces el funcionario se encuentra con jefes o titulares que actúan de una manera arbitraria y entonces el funcionario tiene que decidirse si cumple con la ley o si se mantiene en el cargo", indicó Rivera.
Agregó que la mayoría de las veces el funcionario opta por "cuidar su pan" y es así como, según él, se va produciendo ese trastocamiento de la ley y esa inseguridad jurídica, porque el responsable o titular, muchas veces desconociendo las disposiciones legales aplicables, trastoca, arrolla de frente la ley, y eso tiene un efecto "pernicioso" para la seguridad jurídica y, por ende, afecta la capacidad del país para atraer inversionistas.
Entonces se encarece la inversión y el costo del progreso, lo que va arruinando al país, sentenció.
Mientras no se haga un esfuerzo colectivo por un cambio fundamental en estos aspectos, seguirán aumentando los niveles de desempleo y de violencia, advirtió el abogado y empresario.
A su juicio, el Organo Judicial no puede permanecer en un estado tradicional, tiene que afrontar cambios y lograr un respaldo de los diversos sectores.
Manifestó que si los inversionistas perciben que no existe respeto por la normativa, entonces se hace más difícil que se haga inversión privada local e internacional.
Los abogados y los medios
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El abogado Juan David Morgan hace su disertación durante el foro sobre seguridad jurídica. Al extremo derecho, el magistrado Abel Zamorano; aparece a su lado, el empresario José Javier Rivera.
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En tanto, el magistrado Abel Zamorano indicó que en un Estado de Derecho el Organo Judicial no puede ser debilitado, ya que es el árbitro de todas las contradicciones, el garante del orden y el potenciador de todas las fuerzas productivas y creativas de una sociedad.
Agregó que cuando los abogados olvidan su función de auxiliar de la justicia y de consejero legal de su cliente, para convertir a los medios de comunicación social en el foro de las discusiones y decisiones que deben emanar de los tribunales de justicia, socavan el orden, erosionan la credibilidad que necesitan los órganos de justicia y sus operadores para aplicar las leyes y afectan la estabilidad de la justicia que debe garantizarse por la vía de sus fallos.
Zamorano recomendó a los abogados que no deslinden sus casos en los medios de comunicación y que dejen que el proceso siga su curso legal, y que el juez respete el debido proceso. De esta manera, todos estarán contribuyendo con la seguridad jurídica.
A juicio del magistrado, cuando la prensa escrita, radiofónica o televisada, se presta para mancillar la credibilidad de los funcionarios y administradores de justicia, cuando llama con campañas sostenidas a desconocer la eficacia de los órganos encargados de aplicar derecho, abandona su función orientadora y educativa.
Zamorano sostuvo que no cabe la flexibilidad o permisividad con el juez que descuida sus deberes, que arriesga con una demostrada conducta antiética el respeto que le debe a su investidura y la lealtad a la ley y a los altos ideales de justicia.
Echar a andar los mecanismos de corrección y sanción que existen en el Código Judicial, contra esos funcionarios, sin dilación alguna en estos casos, es lo prudente y ese hecho solo basta para crear seguridad jurídica, destacó el también catedrático de derecho.
El magistrado Zamorano manifestó que es necesario promover la participación social para resolver la crisis de la seguridad jurídica, la cual se origina en la crisis de educación.
Es deber de la sociedad en su conjunto enfrentarla con responsabilidad en el marco de un nuevo pacto social, puntualizó el magistrado.
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