Licenciada a los 8 años
Una auditoría determinó que una secretaria adulteró sus documentos para optar por una plaza en la UP
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
Primero fue una analfabeta contratada como analista de presupuesto en la Asamblea Legislativa. Ahora, en la Universidad de Panamá, una secretaria adulteró sus créditos académicos de tal forma que si fueran verdaderos habría obtenido su licenciatura cuando contaba con solo ocho años de edad, y sus postgrados a los 10 años.
Estos hechos se registraron en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, ubicado en Changuinola. Precisamente ese centro fue sometido a una auditoría por personal de la Contraloría General de la República, en la que se descubrió que esa funcionaria, cuyo nombre no fue facilitado, retiró cheques, cuyos beneficiarios eran profesores y los depositó en una cuenta que tenía en una cooperativa.
Esos cheques, según informes preliminares, fueron girados a nombre de docentes que habían dejado de prestar sus servicios en esa institución educativa antes de que culminara su contrato. La funcionaria, dijo una fuente vinculada a esas diligencias, tenía conocimiento de ello y retiraba esos documentos de pago que eran depositados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio.
Fueron precisamente los encargados de esa cooperativa quienes advirtieron a los auditores de esas anomalías. Como consecuencia de la revisión de la lista de asistencia de los profesores y de las firmas que aparecían en los cheques retirados, se detectaron las mencionadas anomalías.
Esa misma secretaria, según las fuentes, introdujo créditos académicos a la institución con la finalidad de optar por una plaza de profesor. Un análisis de la documentación presentada permitió a los funcionarios de la Contraloría determinar que si la información aportada correspondiera verdaderamente a la secretaria en mención, su título de licenciatura lo hubiese alcanzado cuando tenía ocho años y los posgrados que adujo poseer, a los 10 años.
Otras fuentes informaron que el informe de auditoría en el que se encontró que la administración de la Universidad de Panamá (UP), bajo la responsabilidad de Julio Vallarino, desvió fondos superiores a los 2.3 millones de dólares, en los que se incluía el pago de ajuste salarial de funcionarios administrativos para enfrentar obligaciones no contempladas en el presupuesto de esa institución, entre ellas el nombramiento de más de 350 personas, fue enviado al Ministerio Público.
Las fuentes consultadas, sin embargo, no pudieron precisar si una copia similar de ese informe fue remitido a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP).
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