Panamá, 21 de febrero de 2003
 
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El arroz de la discordia

El conflicto surgió porque los empaques de arroz, vendidos por Galvez no mostraban registro sanitario

RAFAEL PEREZ G. Y
EDILSA GONZALEZ R.
planas@prensa.com

LA PRENSA/Edilsa González

En el IMA de Penonomé, el molino La Campiña tiene almacenados casi 2 mil quintales de arroz, propiedad del legislador oficialista Sergio Gálvez.

La “guerra” sobre la procedencia de productos de la canasta básica, principalmente el arroz, que se venden en las ferias libres, pasó de los medios masivos de información a la esfera judicial.

El legislador oficialista Marco González, uno de los promotores de estas actividades, se querelló contra Iván Ríos, presidente de la Asociación de Comerciantes de Víveres de Panamá (ACOVIPA).

González, quien interpuso la referida acción legal ante el Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Técnica Judicial, responsabilizó al dirigente de ACOVIPA de haberle señalado como “contrabandista de arroz” en un medio local.

Ríos, en su oportunidad, manifestó que en esas declaraciones en ningún momento usó el término “contrabandista”, y que solo advirtió en torno a la “dudosa procedencia” del arroz que se distribuye en las ferias libres. González dijo haber acompañado su querella con las facturas que, según afirmó, demuestran la legalidad de las compras de los productos que se venden en las ferias y que son obtenidas en la empresa RICAMAR.

Pero sus acciones no quedaron allí. El legislador tildó de irresponsable a Ríos por emitir las declaraciones arriba mencionadas y aseguró que “ahora (el dirigente) va tener que responder ante las autoridades (judiciales) por el daño ocasionado”.

Ríos, a su vez, señaló que si el legislador González se siente ofendido en su honor, puede interponer las acciones legales que considere prudentes.

Pero dijo que aquellos productos que se comercializan en el mercado local tienen que cumplir con los requisitos que establece la ley. De no acatar esa exigencia legal, añadió, es de “dudosa procedencia”.

El conflicto surgió al ser cuestionado el legislador oficialista Sergio Gálvez por los comerciantes de víveres, dado que sus empaques de arroz no mostraban registro sanitario ni código de barras, requisitos para comercializar un producto.

Ayer, la sede regional del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) de Penonomé informó que el molino La Campiña tiene en existencia casi 2 mil quintales de arroz, propiedad de Gálvez.


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