Guerra colombiana, una industria
de raíces duras
Colombia ha derramado la
sangre de sus mejores hombres en la lucha contra los violentos e
inmorales
Franco Rojas
frojas@prensa.com
La guerra en Colombia se ha convertido en
una forma de vida que ha servido para alimentar a más de cuatro
generaciones. Es una “floreciente industria” a la que se han asociado
narcotraficantes, paramilitares, traficantes de armas y algunos
políticos demagogos que se han servido de esa guerra para buscar
el voto alimentando falsas esperanzas de paz.
El conflicto armado colombiano ha echado
duras y profundas raíces que amenazan con extenderse a las tierras
vecinas.
El enorme movimiento de capitales que genera la
guerra ha debilitado los poderes del Estado y ha arrastrado a algunos
funcionarios que han sucumbido a la tentación.
En este “negocio” los narcotraficantes han comprado
los servicios de seguridad de la guerrilla para sus plantaciones
y laboratorios de cocaína y los terratenientes, por su parte, han
pagado a los paramilitares prestaciones para mantener alejada a
la guerrilla de sus familiares y fincas.
Los miembros de las fuerzas armadas reciben un mayor
presupuesto del Estado para pagar salarios, armas, seguros de vida
y servicios de información de inteligencia, destinados a combatir
la guerrilla y las acciones delictivas de los paramilitares.
Este presupuesto también sirve para pagar el “estatus
diplomático” que adquieren en el extranjero algunos altos oficiales,
cuyas credenciales les dan el estatus de agregados militares, policiales
y navales.
De la misma manera se han sumado a esta “floreciente
industria” los traficantes de armas, hombres de empresa, personajes
VIP que ocupan suites de hoteles cinco estrellas, administran jugosas
cuentas bancarias, tarjetas de crédito “doradas” y boletos en primera
clase de prestigiosas aerolíneas.
Compran a precios de “baratillo” las armas de guerra
que han quedado en poder de las antiguas guerrillas de Nicaragua,
El Salvador y Guatemala y se las venden, con buen margen de ganancia,
a los grupos rebeldes y paramilitares de Colombia. No les importa
si son enemigos, lo “vital” aquí es facturar.
Incluso, este negocio también ha dejado réditos
a los funcionarios diplomáticos de organismos internacionales, quienes
han recibido algún dinero adicional por abandonar la armonía en
sus países y viajar a la zona de conflicto a promover la paz y la
destrucción de armas de guerra en pomposas ceremonias.
Y qué decir de las maratónicas sesiones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados
Americanos (OEA), convocadas para buscar “fórmulas” que propicien
el alto el fuego.
Las “cumbres” de presidentes, que generan ingresos
a los países sede en concepto de “turismo”, producen extensas “declaraciones”
cargadas de retórica y poco aterrizaje en el núcleo del problema
que genera la violencia.
La “industria de la violencia” colombiana ha adquirido
dimensiones de “transnacional”, por cuanto algunos nacionales de
los países vecinos han organizado sus propias sucursales para facturar
lo suyo en nombre de una guerra ajena.
Las víctimas de este negocio son los miles de desplazados
por la violencia, humildes campesinos, mujeres, niños e indígenas
que han debido abandonar lo poco para buscar tierras seguras en
medio de éxodos suicidas.
Colombia ha derramado la sangre de sus mejores hombres
en la lucha contra los violentos e inmorales. Vale la pena no escatimar
esfuerzos ni recursos en el regreso de la paz a la vecina nación.
El autor es periodista
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