Esbirro antes, durante
y
después de 1968: Pastor E. Durán E.
La oligarquía panameña mantuvo su poder económico y más bien se
fortaleció durante el régimen militar
Según Mitchell Doens, dirigente del Partido Revolucionario Democrático
(PRD), brazo político de la “robolución octubrina”, las denuncias
e investigaciones que se realizan en torno a los asesinados y
desaparecidos de la dictadura militar que desgobernó a este país
durante 21 años, no tienen otro objetivo más que el de empañar
la (lavada) imagen del general Omar Torrijos.
Doens
sugiere investigar los crímenes que se llevaron a cabo durante
los gobiernos oligárquicos. Se refiere Doens a los gobiernos que
estuvieron antes de la dictadura.
Hay que tener en cuenta que la oligarquía panameña mantuvo su
poder económico y más bien se fortaleció durante el régimen militar
(ver la obra de William Hughes e Iván Quintero, ¿Quiénes son los
dueños de Panamá?).
Si se acatara esta sugerencia de investigar los crímenes perpetrados
durante los regímenes oligárquicos, nos tropezaríamos irremediablemente
con el nombre de Omar Torrijos, quien en 1959 sofocó la rebelión
de Cerro Tute, donde murieron los jóvenes idealistas Rogelio Girón,
Domingo García, Eduardo Santos Blancos y Rodrigo Pinzón.
Directamente, Torrijos tuvo que ver con el asesinato de Rodrigo
Pinzón, según testimonio brindado a este servidor por parte de
Yadira Pinzón, hermana de Rodrigo.
En 1962, durante la gran huelga bananera, Omar Torrijos estaba
a cargo del cuartel de Puerto Armuelles, donde se torturó y asesinó
al dirigente obrero Rodolfo Aguilar Delgado. El Dr. Carlos Iván
Zúñiga, que en aquellos días fungía como abogado del sindicato
de la bananera, podría dar testimonio de cómo fue encontrado el
cadáver de Aguilar Delgado. Eran los tiempos de la oligarquía.
También Torrijos reprimió a los Ngobe y Bugle a principios de
los años 60, cuando se dio el movimiento político religioso de
Mama-Tata.
Por aquellos tiempos, al igual que durante la dictadura, los ascensos
en la Guardia Nacional los recibían aquellos esbirros que demostraban
odio en las represiones a los sectores populares o que se hacían
con un muertito en su “clóset”. A raíz de los acontecimientos
de Cerro Tute, Torrijos, que fue herido en los glúteos, fue ascendido
al rango de Capitán. Y en 1964 reprimió a los patriotas que participaron
en la gesta nacionalista de los días 9, 10 y 11 de enero de 1964.
Pero Torrijos no solo reprimió y tuvo que ver con las muertes
de dirigentes y militantes populares en la época de la oligarquía,
sino también en la época de su “robolución”. Los crímenes perpetrados
durante la dictadura de Torrijos no fueron contra elementos de
la oligarquía panameña, sino contra dirigentes y militantes populares
(el dirigente izquierdista Floyd Britton, el dirigente obrero
José del Carmen Tuñón, el dirigente obrero indígena Tomás Palacios
Salinas, la educadora Dora Moreno, el campesino Ariosto González,
el dirigente estudiantil Jorge Camacho, el sacerdote Héctor Gallego,
el dirigente campesino Encarnación González, etc, etc.); una selección
de elementos valiosos de los movimientos populares en una guerra
sucia, típica de los escuadrones de la muerte dirigidos por la
CIA norteamericana. Recordemos que durante el juicio a Noriega
en Estados Unidos, trascendió lo que todos sabíamos: que Torrijos
y él (Noriega) estaban emplanillados en la Central de Inteligencia
norteamericana. Noriega, a cargo del tenebroso G-2, realizaba
-con mucho amor y profesionalismo- el “trabajo sucio” y Torrijos
se encargaba de encubrirle y respaldarle en la cúspide de la institución
criminal, donde recibía constantemente un gran lavado de imagen
que le presentaba como el militar “bonachón”, el que resolvía
de un plumazo paternal cualquier problema, pero que tomaba también
cualquier trágica decisión cuando se trataba de personas que no
se sometían a los halagos de la bota militar.
El autor es sociólogo
Combatiendo el racismo: Dialys
Ehrman
Todas las sociedades del mundo se ven afectadas y entorpecidas
por el racismo y la discriminación
Uno de los principios rectores de las Naciones Unidas, es la no
discriminación por motivos de raza. Este principio quedó plasmado
en la Carta constitutiva de la organización así: “la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de
la persona humana...”.
Es importante destacar que la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha designado tres decenios para la adopción de medidas
contra el racismo y la discriminación racial.
La preocupación cada vez mayor que existe en el plano internacional
por el aumento en el número de incidentes de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, así como el
reconocimiento de los retos y las posibilidades de luchar contra
esos fenómenos en un mundo con economía cada vez más globalizada,
dio lugar a que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 52/111 de 12 de diciembre de 1997, decidiera convocar
una conferencia mundial contra el racismo, la discriminació racial,
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia para agosto
de 2001 en Durban, Suráfrica.
La conferencia tendrá como objetivos, examinar los progresos logrados
en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, especialmente
desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; evaluar los obstáculos que impiden seguir avanzando en
esa esfera y establecer los medios para superarlos.
Se pretende también, examinar los medios que mejor garanticen
la aplicación de las normas existentes y su aplicación para combatir
el racismo y la discriminación racial; aumentar el nivel de concienciación
sobre las lacras que suponen el racismo y la discriminación racial;
formular recomendaciones concretas sobre los medios de aumentar
la eficacia de las actividades y los mecanismos de las Naciones
Unidas mediante programas dirigidos a combatir el racismo y la
discriminación racial; analizar los factores políticos, históricos,
económicos, sociales, culturales y de otro tipo que conducen al
racismo y la discriminación racial.
Se espera también la formulación de recomendaciones concretas
para promover la adopción de medidas prácticas en el plano nacional,
regional e internacional, a fin de combatir el racismo y la discriminación
racial, y elaborar recomendaciones para garantizar que las Naciones
Unidas cuenten con los recursos financieros necesarios para llevar
a cabo sus actividades de luchar contra el racismo y la discriminación
racial.
Actualmente, todas las sociedades del mundo se ven afectadas y
entorpecidas por el racismo y la discriminación, y Panamá no escapa
a ésto. Si bien es cierto que no existen los conflictos étnicos
y la violencia generalizada de otros países, los indígenas, negros,
campesinos, seguimos siendo víctimas de una sociedad excluyente,
que aún hoy en el nuevo milenio sigue utilizando métodos sofisticados
de intolerancia y discriminación.
El principio consagrado en la Declaración Universal del Hombre
en la Carta de las Naciones Unidas no es respetado por los Gobiernos
y la sociedad en su conjunto, toda vez que en el mundo muchos
son los casos de discriminación racial. En Panamá se producen
los siguientes casos: explotación del trabajador indígena; el
rechazo de la vestimenta típica en algunos planteles educativos;
profundización del racismo y la marginación, como consecuencia
de la globalización; ausencia de condiciones favorables entre
los pueblos indígenas para ejercer sus derechos fundamentales,
etc.
Hoy por primera vez, los pueblos indígenas participarán en esta
conferencia mundial, aportando incluso en los procesos preparatorios,
a fin de presentar nuestra propuesta a los gobiernos y a la sociedad
civil en su conjunto.
Esperamos que la Cumbre produzca compromisos y planes de acción
para los Estados. Esto significará seguramente la necesidad de
revisar las legislaciones internas sobre la materia.
“El
fanatismo, el odio y los prejuicios son síntomas detestables de
una enfermedad que la humanidad ha padecido siempre. El racismo
puede y debe ser eliminado, y así será” (Kofi Annan).
La autora es miembro de la Unión nacional de mujeres kunas
Protesta:
Rodrigo Mejía Andrión
Como accionista fundador de La Prensa, expreso mi repudio y condena
por la publicación de la caricatura firmada por el señor Julio
Briceño, RAC, aparecida el día 30 de diciembre del año 2000, que
ataca y daña de manera infame la figura de un hombre probo, de
alta sensibilidad cívica y social, quien con múltiples acciones
valientes ha defendido la democracia como única vía para el desarrollo
de Panamá.
Señalo la línea persistente que ha mantenido La Prensa, desde
el año 1990, para destruir la prestigiosa imagen del Dr. Ricardo
Arias Calderón. Esta campaña ha sido sistemática y cruel; lo que
me lleva a pensar que es motivada por intereses mezquinos de algunos
directivos y empleados.
Es cierto que todo político es parte de la vida pública y que
debe mantener cierto grado de tolerancia pero, en ningún momento
puede usarse un medio de comunicación para atacársele en su dignidad
y honra y menos, cuando no hay justificación para ello. El Dr.
Ricardo Arias Calderón, quiéranlo ustedes o no, es un gran estadista,
reconocido internacionalmente. El ha dado muchos testimonios de
esto.
Ayudé a formar una prensa de altura, no mezquina; una prensa imparcial
y objetiva, no una supeditada a los intereses de unos cuantos.
Mucho cuidado señores directivos, el periódico no es de ustedes,
es de miles de accionistas que confiaron de buena fe en los nobles
propósitos para el cual se fundó La Prensa. Con actitudes necias,
injustas e irreverentes como las que nos ocupan, están propiciando
el desprestigio del periódico y por ende, que merme su aceptación
entre los lectores.
El día que cambió el rumbo de la
nación: Carlos Iván Zúñiga Guardia
El 9 de enero conmovió al mundo e impuso un nuevo vocabulario
en la diplomacia panameña
El 13 de junio de 1962, los presidentes Chiari y Kennedy convinieron
autorizar conversaciones sobre las objeciones de Panamá a algunos
aspectos del tratado del Canal. Esas conversaciones se llevaron
a cabo en niveles burocráticos de escaso rango y resultaron fallidas
porque el Gobierno de Estados Unidos consideró que conversar no
significaba negociar. El presidente panameño, disgustado por la
leguleyada invocada, puso término al encuentro entre ambas naciones.
A partir de entonces, las reivindicaciones nacionales entraron
en receso y la política exterior panameña carecía de un plan inmediato
para revisar el Tratado de 1903 y los otros textos canaleros.
De modo que el 9 de enero de 1964 no interrumpió ningún proceso
negociador.
En esa fecha, los estudiantes panameños solo anhelaban que se
cumpliera el acuerdo entre ambas naciones de izar la bandera panameña
al lado de la bandera de Estados Unidos en determinados sitios
de la Zona del Canal. La oposición de los estudiantes zoneítas
al cumplimiento de lo acordado y el rechazo que se hiciera a la
gestión institutora, dio origen a la tragedia del 9 y 10 de enero
de 1964 que dejó un saldo de muertos y heridos.
A partir de aquel 9 de enero de 1964, Panamá adoptó una política
exterior emancipadora y el discurso de todos los panameños estuvo
identificado con los altos y permanentes intereses del país.
Es preciso recordar los nuevos planteamientos fraguados el 9 de
enero de 1964, el día que cambió el rumbo de la nación.
El 11 de enero de 1964, la Comisión Legislativa Permanente de
la Asamblea Nacional aprueba dirigirse a todos los congresos de
los países que integran las Naciones Unidas, en procura de solidaridad
a nuestra causa y de condena a la agresión norteamericana.
La ejecución de esta estrategia se inicia el 12 de diciembre de
1947, cuando la constituyente Gumercinda Páez sostuvo que los
problemas relativos al Canal “no solo son nuestros, sino de toda
América”. La misma tesis fue expresada el 17 de diciembre de 1947
por Diógenes de la Rosa, al manifestar en la Asamblea Constituyente
que “el problema del Canal (...)no puede interpretarse ni resolverse
si no se considera como un problema internacional (...) de todos
los países de América”.
El 10 de enero de 1964, el Consejo General Universitario, bajo
la Rectoría de Narciso Garay Preciado, pide el rompimiento de
relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, la renuncia inmediata
del tratado de 1903 y la nacionalización del Canal de Panamá como
aspiración de la República que debe ser planteada “sin pérdida
de tiempo”. He aquí la voz del espíritu del 9 de enero.
Este documento fue elaborado por los profesores Diógenes Arosemena,
Carlos Iván Zúñiga, G. Erasmo Escobar, Ricardo Arias Calderón,
Fabián Echevers, Ernesto Castillero Pimentel y Dulio Arroyo.
El clamor de la nueva nación se extendió por todo el país. El
Comité Distritorial de Penonom´e en Defensa de la Soberanía, pide
el 11 de enero la abolición del Tratado Hay-Bunau Varilla y declara
con gran visión que “el 9 de enero se inicia nuestra verdadera
y total independencia. El Canal es nuestro. En la Zona del Canal
ondeará una sola bandera: la panameña”. Este documento llevó la
firma de los ciudadanos Ricardo A. Ríos, Marcelino Jaén, Julio
C. Fernández, Aníbal Grimaldo, Heriberto Torres y Miguel Lombardo.
El Sindicato de conductores de taxi, con la firma de Horacio Montenegro,
pide el 13 de enero de 1964 que se trate de nacionalizar el Canal
de Panamá lo más pronto posible, alegando que el tratado vigente
debía anularse totalmente.
El 9 de enero internacionalizó el problema canalero. El 12 de
enero la Asociación de estudiantes de periodismo de la Universidad
Autónoma de Nicaragua, declara tres días de duelo en homenaje
a los caídos y se solidariza con Panamá.
En Barcelona, en La Paz y en casi todas las capitales de América,
el pueblo protesta en las calles. El Sindicato de Industriales,
el 22 de enero, declara que ningún hombre libre de América puede
aceptar el tratado de 1903. La Federación de Estudiantes, en un
grandioso mitin celebrado en la plaza de Santa Ana, hace suyo
el pronunciamiento de la Universidad de Panamá.
A escasas horas de los hechos del 9 de enero, se observa la coherencia
y la unidad del reclamo panameño: abrogación, nacionalización
e internacionalización del problema del canal. Aquilino Boyd en
las Naciones Unidas, define el tratado de 1903 como inicuo y demandó
la nacionalización de la ruta de agua, o sea del Canal. La Cámara
de Comercio, bajo la presidencia de Roberto Eisenmann, ordena
imprimir cincuenta mil ejemplares de un documento que contenga
los objetivos panameños para ser distribuidos entre comerciantes
de Estados Unidos.
Los partidos democráticos de Venezuela, apoyan la causa panameña.
Acción Democrática pide un nuevo tratado que se “adapte a la realidad
y aspiraciones de Panamá y de los demás pueblos de América”. Los
partidos políticos, los sindicatos y los gremios magisteriales
sin excepción, repudian la agresión y piden la abrogación de los
tratados.
El Comité de Defensa de la Soberanía, el 17 de enero de 1964,
recomienda que todos los automóviles lleven un cintillo que diga:
“Nacionalización del Canal”.
El Consejo Extraordinario de Municipalidades, con la asistencia
de 63 municipios, solicita la anulación de los tratados firmados
a partir de 1903 y sugiere que en todas las capitales de provincia
se levanten monumentos a los mártires.
La solidaridad mundial se incrementa día a día. El 18 de enero,
El Panamá América informó de manifestaciones de adhesión a Panamá
en Lima, Arequipa y el Cusco . En la Plaza San Martín de Lima,
los estudiantes piden que Perú rompa relaciones con Estados Unidos.
En la Universidad de Los Andes, de Mérida, queman la bandera de
Estados Unidos y enarbolan la panameña. El Washington Post pidió
un nuevo orden en Panamá y expresó que “la tragedia de la semana
pasada se repetirá periódicamente si no se cambian los acuerdos
existentes”.
Ante mis ojos tengo todos los pronunciamientos dignísimos de personas
y de entidades panameñas y del mundo, por los sucesos del 9 y
10 de enero de 1964. Podría redactar con ellos no menos de 50
artículos como el presente. El 9 de enero conmovió al mundo e
impuso un nuevo vocabulario en la diplomacia panameña y un nuevo
ideal nacional. En esa fecha se erigió en el corazón del panameño
una estatua al presidente digno y patriota, Roberto F. Chiari.
Pero igualmente se diseñó toda la estrategia que debían adoptar
los negociadores de 1967 y los de 1977, es decir de los tratados
Johnson-Robles y Torrijos-Carter. La Comisión de Reafirmación
Nacional con su vocero, el Dr. Octavio Fábrega, fijó las pautas:
“Los Estados Unidos, dijo, no solo deberá negociar las exigencias
actuales del Gobierno, sino que debe prepararse para un retiro
eventual del Canal, dejándolo bajo el control exclusivo de las
autoridades panameñas”. El Dr. Octavio Fábrega, el 19 de enero
de 1964, acompañado de J.J. Vallarino, Bey Mario Arosemena, Erasmo
de la Guardia, Raúl García de Paredes, Osvaldo Velásquez y otros,
diseñó la línea maestra de lo que estaba por venir en el campo
de las negociaciones: “Queremos fijar, dijo, un periodo límite,
después del cual el control panameño sobre el Canal y la Zona
del mismo aumentará gradualmente hasta la eventual posesión total
para el país”.
Esa fue la estrategia que adoptó, sin duda, el equipo negociador
de 1967 y 1977. Esta estrategia no se podía concebir antes del
9 de enero de 1964. El lenguaje de Octavio Fábrega en 1964 no
era el lenguaje que se manejó en las negociaciones del Remón-Eisenhower,
de 1955. Esa es la grandeza emancipadora del 9 de enero de 1964.
¿Se
podrán olvidar estos hechos que constituyen la piedra angular
de las reivindicaciones nacionales?
El Dr. Jorge Illueca, como presidente del Colegio de Abogados,
en esos días de enero dijo en Colón: “Los muchachos del Instituto
Nacional salieron a rescatar la vergüenza nacional y han marcado
nuevos rumbos a la nacionalidad. Ellos son los héroes que con
sangre...se han convertido en redentores de la patria.
Después de lo leído y ahora que el Canal es nuestro, sería del
todo justo que el país se inundara de cartelones que dijeran:
“Gracias Mártires de Enero!, ¡Gracias redentores de la patria!”.
Sería un mandato de gratitud y un mandato de la historia.
El autor fue rector de la Universidad de Panamá
Hipocresía migratoria: Jorge
Ramos Avalos
En Estados Unidos viven alrededor de seis millones de inmigrantes
indocumentados
Todos, absolutamente todos, nos beneficiamos del trabajo de los
inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos . Sin embargo,
en este país hay muchísima hipocresía respecto a los millones
de inmigrantes que trabajan sin papeles: les critican pero les
utilizan; les denuncian públicamente pero les explotan en privado;
gritan que no deberían estar aquí, pero no podrían vivir sin ellos.
El tema resurge cada vez que hay un escándalo político. El último
fue el que involucró a Linda Chávez, la primera nominada por George
W. Bush, para ser secretaria de trabajo. Como todos sabemos, la
nominación de Chávez se descarriló cuando se descubrió que ella
había ayudado (y pagado) a una guatemalteca indocumentada a principios
de los años 90. Un incidente similar le costó el puesto de procuradora
en la administración de Clinton, a Zoe Bird.
Pero lo más frustrante de todo esto es que después de que explotaran
los escándalos no se hizo nada para solucionar, de una vez y por
todas, las enormes contradicciones de las leyes migratorias. En
los Estados Unidos es ilegal contratar a un trabajador indocumentado.
Sin embargo, la realidad es que todos, los 281 millones de norteamericanos,
contratan directa e indirectamente a estos inmigrantes.
Algunos les emplean a pesar de sospechar o de conocer que no tienen
sus documentos migratorios en orden. Ese es el caso de jardineros,
niñeras, trabajadores de fábricas y campos de cosecha... Otros
sencillamente, se benefician de su trabajo sin saberlo.
¿Quién
puede levantar la mano en Estados Unidos y decir que no se ha
beneficiado del trabajo de un indocumentado? Nadie. Nadie puede
decir eso.
Cada vez que comemos frutas o verduras cosechadas por campesinos
indocumentados, nos beneficiamos de aquello. Cada vez que vamos
a un hotel donde algunos de sus empleados son indocumentados ,
nos beneficiamos. Cada vez que compramos o rentamos una casa construida
por albañiles indocumentados, nos beneficiamos. Cada vez que transitamos
por una calle o carretera hecha por indocumentados, nos beneficiamos.
Cada vez...
En Estados Unidos viven alrededor de seis millones de inmigrantes
indocumentados -el nuevo censo nos dará un cálculo más real y
gracias a ellos la economía de este país es una de las más productivas
del mundo. Los inmigrantes -legales e indocumentados- han contribuido
enormemente a la prosperidad económica norteamericana. Hacen los
trabajos que nadie más quiere hacer -son realmente indispensables
en el campo y en el sector servicios-, mantienen baja la inflación,
pagan impuestos, crean nuevos empleos y contribuyen con 10 mil
millones de dólares anuales a la economía de Estados Unidos (según
cifras de la Academia de Ciencias).
Entonces, si los indocumentados son tan útiles y necesarios en
esta país ¿por qué se les ataca tanto?, ¿por qué no se les protege
y se les da una amnistía? Bueno, para decirlo llanamente, por
prejuicios raciales, etnocentrismo e ignorancia.
En Estados Unidos no hay plena conciencia del problema de los
inmigrantes indocumentados. Pocos saben lo valioso que son. Y,
por el contrario, muchas veces se les utiliza como chivo expiatorio.
Lo que urge es una amnistía general para estos seis millones de
inmigrantes, para que se dejen de esconder, para que no vivan
perseguidos. Lo que se requiere es una amnistía como la que normalizó
la situación migratoria de tres millones de personas en 1986.
Si el nuevo gobierno de Bush quiere ser “compasivo” con los más
desamparados, pobres y desprotegidos de Estados Unidos (como propuso
en su campaña electoral), tendría que promover y aprobar una nueva
amnistía.
Pero eso, lo reconozco, no solucionaría el problema a largo plazo.
Cada año entran ilegalmente y se quedan a vivir en Estados Unidos
cerca de 300 mil inmigrantes. Esa corriente hacia el norte es
imparable mientras sobren trabajos aquí y falten en América Latina.
La migración indocumentada, más que un problema legal, es un problema
económico.
Entonces sería preciso negociar un acuerdo migratorio entre los
principales países expulsores de emigrantes de América Latina
con Estados Unidos. México es el principal expulsor de personas
hacia el norte; uno de cada seis mexicanos vive en estados Unidos,
es decir, unos 20 millones.
Y lo más cerca a un acuerdo migratorio es la propuesta de un programa
de trabajadores visitantes que recientemente discutieron los senadores
republicanos Phil Gramm y Pete Domenici, con el presidente de
México Vicente Fox, y varios miembros de su gabinete. Ojalá Bush
y Fox logren amarrar algo.
Las actuales leyes migratorias de Estados Unidos promueven la
hipocresía, generan violencia en la frontera, favorecen los abusos,
pasan injustamente las responsabilidades del Servicio de Inmigración
a los ciudadanos, no detienen el flujo migratorio hacia el norte
ni ayudan a plantear una solución definitiva a largo plazo. Urge
modificarlas y modernizarlas para el nuevo milenio.
Si todos los políticos norteamericanos que se han beneficiado,
directa o indirectamente, de los indocumentados fueran obligados
a dejar su puesto, no quedaría ni uno -¡ni uno solo!- en todo
el país.
Posdata de los desastres. Muchos presidentes enfrentan durante
su mandato un desastre natural importante. A Fox en México le
tocó el volcán Popocatepetl. Leonel Fernández en República Dominicana
tuvo el huracán Georges. Carlos Flores en Honduras y Arnoldo Alemán
de Nicaragua se enfrentaron a los destrozos del Mitch. Con esos
desastres los presidentes ponen a prueba su liderazgo. Hay dos
ejemplos que no se deben seguir. En 1999 el presidente de Venezuela
Hugo Chávez, desapareció durante varias horas en unos momentos
cruciales tras las peores inundaciones ocurridas en décadas. Y
el caso más patético es el de presidente mexicano Miguel de la
Madrid, quien se tardó días en pedir ayuda extranjera tras el
terremoto de 1985 en que murieron 10 mil personas; cuando rectificó,
ya era demasiado tarde. Y ahora con el terremoto de El Salvador,
Francisco Flores tiene que demostrar que está a la altura de las
circunstancias y que puede levantar el país. Ningún desastre natural
puede acabar con un buen líder.
El autor es periodista
Coyuntura decisiva:
Oswaldo Alvarez Paz
El “chavecismo” es consecuencia de casi dos décadas de cultura
de concentración de poder político y económico
Lo peor del “chavecismo” es que está logrando despertar una cierta
nostalgia por el pasado entre un creciente número de compatriotas
hartos de las payasadas actuales. El capítulo de las pantaletas
enviadas a los militares -con el deliberado propósito de recordarles
que el acatamiento pasivo de las imposiciones de Chávez no es
exactamente la conducta varonil que se espera de los soldados-
en esta telenovela tragicómica que vivimos, revela las miserias
humanas y los enormes complejos anidados en el alma de algunos
que deberían ser ejemplo y guía de las instituciones bajo su responsabilidad;
complejos y miserias inaceptables para cualquier venezolano decente;
conductas impropias que dan vigencia a aquel viejo dicho criollo
de que “todo tiempo pasado fue mejor”.
Lo decimos con auténtica preocupación. El “chavecismo” es consecuencia
de casi dos décadas de exagerado presidencialismo, de centralismo
entendido como cultura de concentración de poder político y económico
en pocas manos, de partidismo agudo y, como resultado de todo
ello, de comodidad, arrogancia, corrupción e incompetencia para
atender las necesidades crecientes de una población indignada.
Hugo Chávez es producto directo de esas aberrantes desviaciones
que varios presidentes democráticos anteriores a él fueron incapaces
de entender y corregir. No queremos regresar a eso. Dar marcha
atrás al reloj sería reivindicar las causas de los males del presente.
Retroceso insólito.
Pero igualmente grave sería permanecer cruzados de brazos frente
al Gobierno más probadamente incompetente de nuestra historia.
En nombre de una “revolución” se adelanta un calculado proceso
de destrucción nacional, de arrase institucional y de inversión
de valores que tenemos la obligación de enfrentar y combatir con
todas las fuerzas a nuestro alcance. Hablo de un calculado proceso,
porque en la base de las actuaciones gubernamentales, por incompetentes
que sean, hay fuertes elementos ideológicos que Chávez ni oculta
ni disimula. Estos elementos determinan el evidente privilegio
que hoy existe en las relaciones con Cuba frente a Estados Unidos,
con la narcoguerrilla colombiana ante el Gobierno de ese país,
con los grupos desestabilizadores del área andina y del Caribe
en contraposición con las instituciones democráticas de esas naciones.
También la preferencia política hacia los Gobiernos desestabilizadores
del Oriente medio y el menosprecio hacia los intereses de la Unión
Europea. Hay un fuerte acento ideológico en los ataques de Chávez
al sector privado, a las “oligarquías”, a la globalización, al
mercado, a la educación privada, a la iglesia católica y, en fin,
a su política de intervención estatal en todo mediante comisarios
políticos que se denominan supervisores y a través de la administración
caprichosa de los recursos, en una realidad en la que el Gobierno
es el dueño y el señor del dinero y del crédito.
El remedio ha sido peor que la enfermedad. La consecuencia ya
es causa originaria del agravamiento de todos los problemas anteriores
y de otros nuevos, tanto o más graves que los existentes. El propio
presidente ha sido extremadamente claro al atacar la democracia
formal. Es decir, él mismo plantea que este proceso está fuera
de los marcos legales de cualquier democracia representativa,
alternativa y plural, conceptos que desprecia y contra los que
sigue anunciando cambios “revolucionarios” en nombre de una transitoriedad
jurídica y política.
Sinceramente no sé para qué ni para quién trabajan nuestras Fuerzas
Armadas hoy. O son las responsables de la seguridad y de la defensa
del país integralmente considerado, del respeto al orden jurídico
y de la estabilidad de las instituciones o quieren ser ahora una
simple fuerza miliciana, desordenadamente conducida como instrumento
de esta revolución castro-zamorista que nos convierte en el hazmerreír
del mundo.
El irrespeto a Bolívar tiene que terminar. Este proceso no puede
verse con los ojos formales de la democracia representativa que
Chávez se empeña en destruir. No se trata de un problema cuantitativo
ni electoral; mucho menos de volver al pasado. Es algo distinto
y superior a todo eso. Se trata de ser verdaderos parteros de
un nuevo tiempo.
Firmas Press - Abogado y político venezolano
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